Concejales kirchneristas de Militancia Social, la agrupación
que comanda Alicia Kirchner, presentarán hoy una denuncia
penal contra el senador Roberto Urquía. Una represalia
oficialista por su voto contra las retenciones móviles.
El kirchnerismo aplicará hoy el primer castigo a un senador propio, el empresario aceitero Roberto Urquía, por haber votado en contra del proyecto oficialista sobre retenciones móviles. Esta mañana, concejales bonaerenses de la agrupación Militancia Social, comandada por Alicia Kirchner, presentarán una denuncia penal contra Urquía por presunta violación a la Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública y al artículo 265 del Código Penal. Los kirchneristas le reprochan al dueño de Aceitera General Deheza haber votado contra las retenciones cuando tenía un interés económico particular por su condición de empresario agropecuario.
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Según las normas invocadas por el kirchnerismo, Urquía debió abstenerse en la votación del 17 de julio en el Senado, cuando se definía la Resolución 125 sobre retenciones móviles, por su condición de exportador y parte interesada.
La denuncia será presentada hoy a las 9.00 en los tribunales de Comodoro Py por los concejales de Militancia Social: Gustavo Traverso (Junín), Mabel Godoy (Lomas de Zamora), Jorge Spitalieri (San Miguel), Norma Warrell ( Almirante Brown), Sandra Marí (San Pedro) ante el juzgado federal de turno.
Desde el despacho de Urquía en el Senado aseguraron no estar al tanto de la presentación de la denuncia y recordaron que el legislador cordobés votó contra el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en cumplimiento del mandato de la Legislatura provincial. «El gobernador Juan Schiaretti, 95 por ciento de los intendentes provinciales y la Legislatura por unanimidad rechazaron las retenciones móviles. Por eso Urquía votó como votó», explicaron a este diario desde la oficina en el Senado del legislador cordobés.
La denuncia, más que un conflicto judicial, responde directamente a órdenes de Cristina de Kirchner. Una semana después del rechazo a las retenciones móviles con el voto desempate de Julio Cobos, la Presidente convocó a los senadores leales a la Quinta de Olivos y se quejó del voto de Urquía. «Por ser parte interesada debería haberse abstenido», se quejó la jefe de Estado. El senador por Córdoba había sido removido de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta para no obstaculizar la emisión de un dictamen favorable a la Resolución 125, pero de todos modos a la hora de votar en el recinto rechazó el proyecto kirchnerista.
Tras el fracaso de las retenciones móviles en el Congreso, el kirchnerismo contempló la posibilidad de expulsar a los legisladores díscolos del bloque y dejarlos incluso sin las presidencias de las comisiones que tenían a su cargo. Pero la división del peronismo a nivel nacional y la necesidad de respaldo legislativo para aprobar polémicos proyectos como la reestatización de Aerolíneas Argentinas llevaron a la Casa Rosada a abandonar la doctrina, impulsada por Néstor Kirchner, que dividía a los diputados y senadores entre « recuperables» e «irrecuperables».
Desde entonces, y más allá del ostracismo político al que se sometió públicamente a Cobos, la denuncia penal contra Urquía es el primer castigo explícito del kirchnerismo para un senador díscolo. Otro legislador que había sido mencionado por Cristina de Kirchner como parte interesada en la votación sobre las retenciones, y que de acuerdo al criterio presidencial debería haberse abstenido, fue el santafesino Carlos Reutemann, conocido productor agropecuario en su provincia.
El artículo 15 de la Ley de Etica en el Ejercicio de la Función Pública, invocada por los kirchneristas de Militancia Social para denunciar penalmente a Urquía, establece que el funcionario «deberá abstenerse de tomar intervención durante su gestión en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria».
La norma también dispone la obligación de velar en todos sus actos por los intereses del Estado privilegiando el interés público sobre el particular y establece las incompatibilidades del ejercicio de la función pública.
En su denuncia, a la que tuvo acceso este diario, los concejales también invocan el artículo 265 del Código Penal que afirma: «Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesase en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo».
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