El oficialismo obtuvo dictamen para el proyecto que baja la coparticipación a la Ciudad

Política

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, contempla la aprobación de un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía fijando ese monto en unos 24.500 millones de pesos anuales, actualizables cada tres meses.

El oficialismo de la Cámara de Diputados obtuvo este viernes dictamen de mayoría para el proyecto que redistribuye los fondos coparticipables entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, con 25 votos a favor; mientras que el dictamen de rechazo reunió 19.

Tras seis horas de debate en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, el Frente de Todos obtuvo mayoría de firmas con el respaldo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que se expresó a través del Frente para la Concordia misionero.

Juntos por el Cambio, en tanto, expresó su rechazó al texto que el pasado 2 de octubre había sancionado el Senado; mientras que los integrantes del interbloque Federal no participaron de la reunión.

En el inicio de la reunión, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo González había anticipado la intención de esa bancada de firmar el dictamen esta misma tarde, lo que provocó la reacción del vicepresidente de la comisión, el radical Gustavo Menna, quien solicitó que "el debate se realice con más tiempo" y que "se invite a exponer al Jefe de Gabinete, al ministro del Interior y al de Economía", Santiago Cafiero, Eduardo De Pedro y Martín Guzmán, respectivamente.

González indicó que “de ninguna manera se trata de perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires, sino tratar de ordenar y readecuar el correcto cálculo de los gastos que determina la transferencia de servicios y seguridad a la Ciudad” y agregó que "muy lejos está lo nuestro del tratamiento que le dio el gobierno de Juntos por el Cambio en 2016 -a través de un decreto del presidente Mauricio Macri-, arbitrario e intempestivo".

El proyecto de ley impulsado por el oficialismo contempla la aprobación de un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el traspaso de la policía fijando ese monto en unos 24.500 millones de pesos anuales, actualizables cada tres meses. Ese monto fue acordado mediante un convenio que se firmó entre el gobierno de Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en 2016.

El proyecto establece que ese monto será actualizado de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.

El "Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA", firmado por el Estado nacional y el gobierno porteño el 5 de enero de 2016, es un proceso gradual según el cual entre 17 y 19 mil policías federales pasarían al ámbito de la Ciudad.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, advirtió que el proyecto puede llevar a la "Ciudad de Buenos Aires a un escenario de inviabilidad fiscal” y agregó que “el oficialismo no está castigando a un jefe de Gobierno sino a 3 millones de vecinos porteños y a 3 millones de bonaerenses que todos los días viajan a la Ciudad para trabajar, estudiar y atenderse en los hospitales”.

A su turno, la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, indicó: “Hoy estamos corrigiendo una situación, indudablemente, injusta”. “A nadie se le escapa que cuando el ex presidente Macri triplicó el coeficiente de la Ciudad no existió ningún informe técnico que sustentara una decisión que fue completamente discrecional y contraria a la voluntad de las provincias que, en aquel momento, manifestaron claramente su rechazo frente a una decisión que lesionaba el carácter federal de nuestra República, beneficiando al distrito más rico del país, en detrimento del resto de las provincias”, aseguró la legisladora.

La diputada del Frente de Todos y exgobernadora catamarqueña Lucia Corpacci también defendió la iniciativa al señalar que "la Ciudad de Buenos Aires tiene que ceder algo de lo que le está sobrando para redistribuir en otros distritos que la están pasando mal, y mucho más en el contexto sanitario que estamos viviendo".

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Carlos Heller, argumentó que se trata de "corregir un exceso en el valor de las competencias transferidas, ya que la gestión anterior por decreto, prácticamente lo triplicó".

Por el radicalismo, el exintendente de la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Suárez Lastra, aseguró que "en medio de una pandemia y una emergencia sanitaria, al operador de la mayor cantidad de hospitales se le da un manotazo por la espalda", tras precisar que "en la ciudad hay 34 hospitales destinados en un 40 por ciento a atender a gente del Gran Buenos Aires, al lugar donde había mayor cantidad de casos".

Por último, Silvia Lospennato, del PRO, se lamentó: "En este debate se está violando la Constitución Nacional; en el marco de un relato en el que se ataca al federalismo, aunque deben saber los que apoyan este proyecto que mañana le puede pasar a otras provincias".

El texto elaborado por el Poder Ejecutivo determina ahora que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos para las Superintendencias de Seguridad Metropolitana, de Bomberos, de Policía Científica, de Investigaciones Federales, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Aviación Federal.

La propuesta especifica, además, que la suma se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral.

El artículo cuarto de la iniciativa establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo dos en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.

"A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad", añade el texto.

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