Mientras el Gobierno porteño continúa clausurando talleres de costura con irregularidades -ya son 76 los locales cerrados-, en la campaña «contra el trabajo esclavo», Jorge Telerman se comprometió con la delegación de funcionarios de Bolivia a elaborar un censo sobre la situación de los trabajadores de ese país en la Ciudad de Buenos Aires.
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Al mismo tiempo, el macrismo elevó ayer un duro pedido de informes a la ministra de Derechos Humanos, Gabriela Cerutti, al comprobar que el supuesto jefe del taller de la calle Luis Viale que se incendió hace diez días está alojado en las instalaciones del polideportivo de Parque Avellaneda. En ese lugar, el Gobierno porteño mantiene a los sobrevivientes del accidente, donde murieron 6 personas de nacionalidad boliviana -entre ellas cuatro niños- y a los desalojados de los locales clausurados. En total son 110.
Según las primeras declaraciones, tras el incendio, el Gobierno porteño aseguró que la habilitación del local data de 2001 y está a nombre de sus propietarios, Jaime Geiler y Daniel Fischberg, pero vecinos y sobrevivientes habrían señalado que el taller estaba a cargo de dos personas, una de nacionalidad boliviana y otra argentina. Inclusive al día siguiente de la tragedia, el supuesto dueño del local aseguró que el lugar estaba alquilado.
De todos modos, esos propietarios tendrían a la vez un inmueble en la calle Galicia -cuyos fondos dan al de Luis Viale- que el Gobierno porteño clausuró a la mañana siguiente del incendio.
Pedido de informes
Tanto sobrevivientes del siniestro como funcionarios del gobierno de Evo Morales, que llegaron el fin de semana a la Ciudad de Buenos Aires, aseguraron que los locatarios serían Juan Manuel Correa y Luis Sillerico de nacionalidad boliviana.
Con ese dato, que también los legisladores recabaron del periódico «Renacer» que se edita quincenalmente para la comunidad boliviana de la Capital Federal, los macristas Martín Borrelli y Lidia Saya pidieron que en diez días el Gobierno porteño les informe sobre la situación de las personas alojadas en el gimnasio porteño.
Los diputados macristas quieren saber «qué medidas legales se adoptaron ante el hecho que, según fuentes periodísticas, entre los alojados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran Juan Manuel Correa y Luis Sillerico, presuntos explotadores del taller textil siniestrado» y si «el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales le comunicó al Ministerio de Gobierno la lista de evacuados en el marco de la investigación que dicha dependencia lleva adelante». Borrelli y Saya señalan en los fundamentos del pedido de informes que «todos los nombrados, o algunos de ellos, tendrían graves responsabilidades en el funcionamiento de estos talleres clandestinos, con el reclutamiento de mano de obra esclava y su confinamiento y hacinamiento en locales sin habilitar de la Ciudad de Buenos Aires. Una verdadera 'asociación ilícita', como la calificó el ministro Gorgal en su visita a la Legislatura».
El Gobierno porteño envió ayer a la Legislatura el listado de personas alojadas en el Parque Avellaneda, pero sólo las de nacionalidad boliviana, donde los diputados confirmaron la presencia de Luis Sillerico y otras de igual apellido que podrían ser sus familiares, lo que presupone que formarían parte de las 64 personas que se asegura vivían en Luis Viale cuando se incendió el lugar.
Por otra parte, la delegación de Evo Morales, que integraron tres viceministros de Estado, dos legisladores, asesores y funcionarios del Registro Civil, ofreció anoche en la sede de la embajada boliviana en la Argentina un informe sobre lo acordado con las autoridades locales, que responde al trabajo de cuatro comisiones sobre diferentes temas relativos a la situación de los bolivianos en la Capital Federal.
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