Condena complica más investigación en Buenos Aires

Guido Antonini Wilson

El juicio en Miami por el escándalo del valijero Guido Antonini Wilson terminó. Y aunque el abogado del único condenado, que se declaró inocente hasta último momento, Franklin Durán, haya anunciado que apelará la decisión, para la Argentina el estatus de ese escándalo ayer cambió definitivamente.

Para el sistema judicial estadounidense las evidencias de que los fondos estaban destinados a la campaña presidencial de Cristina de Kirchner ya no son una prueba presentada por el fiscal Thomas Mulvihill y el FBI, de cuyos procedimientos hasta se suele sospechar entre los propios norteamericanos. Las famosas grabaciones que tomó Antonini Wilson, donde los tres ex socios reconocían y festejaban sus negociados a la sombra del gobierno de Chávez y hasta se regodeaban de los sobreprecios que le cobraban al bolivariano por proveerlo de insumos de seguridad y lubricantes, pasaron a ser ahora la base de una condena emitida por un gran jurado.

Esa realidad, mas el comunicado que emitió el Departamento de Justicia de los EE.UU., nuevamente no dejan lugar a equívocos: si al inicio del proceso Cristina de Kirchner y su marido acusaron al gobierno de Washington de impulsar una operación basura, ahora esa situación se presenta aún más grave.

Pero el gobierno no pareció ayer desesperado por reaccionar. Salvo por una pequeña declaración de Aníbal Fernández, ministro de Justicia, en la Casa Rosada todo era silencio: «No tengo nada que opinar porque es un tema de un país soberano, una decisión soberana. No tengo en qué meterme», dijo.

Una vez más, como con la decisión de estatizar las AFJP, el gobierno cree que la crisis financiera internacional le servirá de paraguas para disimular un escándalo que no sólo avanzó en Miami. La ilusión de algunos funcionarios llegaba a la ingenuidad: «No es lo mismo que el año pasado. Cuando en España el desempleo puede llegar a 15% y en Estados Unidos el gobierno compra acciones de los bancos para sostenerlos, quién puede ponerse a pensar en un escándalo de mafiosos venezolanos», confiaba un funcionario a este diario.

Quizás se equivoque. Las investigaciones sobre el origen de los fondos de la última campaña presidencial ya aterrizaron también en Buenos Aires. Ahora avanzan en la Justicia pesquisas sobre el dinero con que el oficialismo financió la carrera presidencial y el origen por parte de aportantes con supuestos nombres falsos, que se intenta desmentir, y un escándalo que involucra hasta a empresarios de droguerías protagonistas de la ruta de la efedrina, esa droga que puso a la Argentina en el selecto círculo de proveedores de los grandes carteles de la droga mexicana.

Si la investigación del FBI en Miami presenta costados que pueden alimentar alguna duda -por algo el jurado debió tomarse una semana para analizar las pruebas, le costó trabajo llegar a un veredicto unánime y hasta la jueza Joan Lenard debió presionarlo-, en Buenos Aires la Justicia, lentamente, sigue recolectando datos preocupantes sobre cómo se financia la política en el país.

Por lo pronto, las evidencias son suficientes como para alimentar los fantasmas más terribles que la oposición puede mostrar al gobierno. Elisa Carrió fue la primera en aparecer: «Esta es la prueba del absoluto desprecio institucional y de la matriz de saqueo y soborno entre ambos gobiernos», dijo ayer.

Esa aseveración incluye otro dato preocupante.

Aunque la apelación a la condena de Durán pueda terminar en el futuro en una absolución del acusado, durante el juicio se ventilaron demasiadas precisiones sobre cómo se manejan los negocios alrededor de ese entramado de empresarios venezolanos beneficiados con el régimen del principal socio de los Kirchner en latinoamérica que popularmente se conoce como la «boliburguesía».