El proyecto de ley que declara la emergencia ambiental propone la creación de una autoridad de cuenca con el objetivo de iniciar acciones para sanear el Riachuelo.
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La iniciativa, que será girada ahora a la Cámara de Diputados, comprende además la reubicación de la población que vive en la ribera baja de la cuenca Matanza-Riachuelo, para lo cual se creará un fondo de compensación ambiental de tres mil millones de dólares anuales.
La autoridad de cuenca será presidida por la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y estará compuesta por ocho integrantes: tres por el gobierno nacional, dos por la provincia de Buenos Aires y dos por la Ciudad Autónoma.
Una vez en marcha, el área de acción comprenderá la Ciudad de Buenos Aires, y los partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras. Por eso, para articular el trabajo con cada uno de los distritos afectadospor el curso de la cuenca Matanza-Riachuelo, el proyecto contempla la creación de un Consejo Municipal que tendrá capacidad para cooperar, asistir y asesorar al ente nacional.
Facultades
En cuanto a las facultades de la autoridad de cuenca se especifica, entre otros puntos, que:
Tendrá virtual poder de policía en materia de contaminación.
Planificará el ordenamiento ambiental del territorio afectado.
Establecerá y percibirá tasas por servicios prestados.
Llevará a cabo cualquier tipo de acto jurídico necesario para ejecutar el plan de gestión ambiental.
Intervendrá en habilitaciones, auditorías ambientales y evaluaciones de impacto.
Auditará instalaciones de empresas.
Dispondrá la clausura preventiva, parcial o total de establecimientos cuya actividad dañe el ambiente o la integridad física de las personas.
El contenido de la normativa -exigida por la Corte Suprema de Justicia en un fallo inédito- tiene un eje dominante que es la protección de los derechos humanos, especialidad de Picolotti, quien por esa dedicación recibió meses atrás el Premio Sofía. Fue esa condición, precisamente, la que Néstor Kirchner quiere imprimirle al área de Medio Ambiente.
«Se trata de proteger uno de los derechos humanos fundamentales, no sólo por el valor que el ambiente en sí mismo tiene para el desarrollo humano, sino también porque está directamente vinculado con los derechos a la vida y la salud», justificó la funcionaria en uno de los ejes.
Otro de los puntos novedosos de la iniciativa presentada ayer se refiere a la obligación que tendrá la autoridad de cuenca (en este caso Picolotti) de realizar un informe anual ante el Congreso de la Nación.
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