La Corte Suprema de Justicia le pidió opinión a la Procuración General de la Nación que preside Eduardo Casal para que dictamine si el DNI que suspendió por dos semanas las clases presenciales por el aumento de casos de Covid-19 es constitucional o no.
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El dictamen, que podría ser firmado por la Procuradora adjunta Laura Monti no es vinculante, no obliga a la Corte, pero dará lugar también a una lectura política.
Anoche el Estado Nacional presentó sus argumentos legales y epidemiológicos al defender una medida sanitaria dictada por el Presidente de la Nación.
Mientras tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horario Rodríguez Larreta continúa en desobediencia, acumulando denuncias. La Corte, antes de resolver le giró el expediente por 72 horas al Procurador.
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