Clases presenciales: Gobierno pide a la Corte Suprema que cite a Kicillof

La Procuración del Tesoro realizó la presentación ante la Corte Suprema por el DNU de las clases presenciales y reitera que el máximo tribunal no sería competente por el estatus de la Ciudad de Buenos Aires. Además, presentaron argumentos epidemiológicos sobre los contagios en las clases.

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Ignacio Petunchi

La Procuración del Tesoro que conduce Carlos Zannini realizó la presentación ante la Corte Suprema por el DNU de las clases presenciales. En el texto pidió la incompetencia del máximo tribunal para resolver este problema aduciendo que no se trata de un caso de competencia originaria.

Además, presentaron argumentos sanitarios y legales para apuntalar el DNU y recuerda que la situación epidemiológica se fue agravando con el dictado de clases en medio de la segunda ola de Covid-19.

Entre los pedidos que realiza la Procuración del Tesoro a la Corte sostiene “tenga presente el pedido de citación de la provincia de Buenos Aires como tercero de la intervención obligada”, es decir, reclama que se convoque a la mesa al gobierno de Axel Kicillof.

También, solicita que se “rechace tanto el pedido de medida cautelar presentado por la actora (la Ciudad), como la demanda interpuesta”. El escrito de 113 hojas lleva la firma de Carlos Zannini y los abogados del Estado, Santiago Herrera, Carolina Maidana y Axel Monsech Paez.

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La Corte Suprema tenía tiempo hasta este martes las 9:30 para esperar la presentación del Gobierno nacional respecto de la suspensión de las clases presenciales en las escuelas del AMBA y ahora deberá preparar su decisión que sería "hacia el fin de semana", sobre el filo del viernes 30, cuando vencería el DNU dictado por el presidente Alberto Fernández.

Según trascendió, Zannini apunta a demostrar que -contra lo que dijo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- el DNU 241 es constitucional porque no elimina ningún derecho, sino que restringe alguno -como la presencialidad en las escuelas del AMBA- para preservar la salud de la población en un contexto de emergencia sanitaria por la segunda ola de coronavirus.

“El Gobierno Federal comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, pero en este contexto actual, es deber del Estado abordar medidas de tal carácter, en la protección de la vida y la salud pública”, cita el escrito.

A su vez, aprovecha para lanzar un dardo a la Ciudad al decir que “subyace en la demanda una mirada negacioncita de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia”.

En cuanto a los criterios epidemiólogos en el escrito con datos y gráficos se advierte que en el AMBA se observa un "crecimiento exponencial de casos con alta velocidad de aumento, un incremento también veloz de circulación de variantes (más transmisibles, posiblemente de más gravedad y afectación de grupos etarios más jóvenes".

También advierte que aumentó el uso del trasporte público desde el inicio de clases y que "más de 3 millones de niños y niñas y 300.000 docentes y no docentes, sumado a los acompañantes se movilizan diariamente".

"Por ello, al momento en el que fue dictado el DNU 241/2021 era necesaria la implementación de medidas sanitarias destinadas a disminuir la velocidad de aumento de casos", completa. Ahora la Corte Suprema tiene tiempo para preparar su respuesta que podría estar en los próximos días.

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