Cortes de rutas: negó el país haber violado la ley

El tribunal arbitral, que escuchó ayer los argumentos de la Argentina contra la acusación del Uruguay por los cortes de rutas contra papeleras, lo integran el uruguayo José María Gamio, el español Luis Martí Mingarro y el argentino Carlos Barreira (izq. a der.)

La Argentina apuntó ayer directamente a desmentir que los cortes de los puentes con Uruguay hayan provocado daños económicos o comerciales entre los dos países, en la primera jornada del juicio iniciado por el gobierno de Tabaré Vázquez ante el Mercosur, y por el que el estado vecino reclama pérdidas por u$s 400 millones. Según los datos presentados ayer por los testigos por la Argentina, el intercambio de bienes y servicios entre ambos mercados no sólo no se resintió, sino que creció. Además, la presentación local apuntó a desmentir que se haya incurrido en alguna violación de leyes internacionales o del Mercosur sobre la libre circulación de bienes o personas.

Las dos audiencias programadas se desarrollaron ayer y continuarán hoy, son orales e incluyen la presentación de informes técnicos y testigos, así como los alegatos de cada parte, que luego tendrán que hacer por escrito. Según se prevé, el plazo para el fallo en el marco del tribunal arbitral ad hoc que está conducido por el juez español Luis Martí
Mingarro es el 7 de setiembre. El nombramiento de este magistrado generó las primeras protestas por parte de la Argentina, ya que se trata de un ciudadano proveniente de la Unión Europea (UE), desde donde surgen además las dos empresas que quieren radicarse en la localidad de Fray Bentos, ya que Botnia es Finlandesa y ENCE española. Por su parte, el representante argentino es Carlos Barreira, mientras que el uruguayo es José María Gamio.

Comercio

Las principales declaraciones de ayer, por el lado argentino, fueron las del director general de la Aduana, Ricardo Echegaray, y del ex secretario de Industria y economista privado, Dante Sica. El primero aseguró, presentando datos oficiales, que «en 5 meses el flujo comercial entre la Argentina y Uruguay pasó de los u$s 402 millones a unos u$s 533 millones entre los primeros cinco meses de 2005 y el mismo período de 2006». Echegaray dijo que ante la existencia de los cortes, la Aduana tomó medidas especialmente preparadaspara agilizar la atención en los puntos fronterizos que quedaron abiertos, para no resentir el intercambio entre los dos países. Para el funcionario, los registros de este organismo indican que el comercio bilateral creció 133% entre enero y mayo.

Por su parte, Dante Sica afirmó que «los cortes no provocaron un cambio de tendencia en el comercio entre los dos países» y que «incluso hubo un incremento». Según mencionó el ex funcionario en los días en que Aníbal Fernández era ministro de Industria durante el gobierno de Eduardo Duhalde, «las exportaciones de la Argentina a Uruguay crecieron en el primer semestre del año en 52%, mientras que las importaciones lo hicieron en 18%». Mencionó incluso el dato que el intercambio entre Brasil y Chile, durante el mismo período, sufrió una caída.

Por otra parte, los delegados del gobierno, los diplomáticos Juan Vicente Solá y Nora Capello, ambos asesorados por los abogados expertos en derecho internacional Mónica Pinto y Frida Armas, hablarán hoy y buscarán refutar las acusaciones sobre la inacción del Poder Ejecutivo ante los actos de los manifestantes y sobre la supuesta violación del derecho a libre circulación. Ante este punto, se afirmará que este principio corresponde a bienes y servicios y no se relaciona con la libertad ambulatoria de personas; y que la libertad personal es un derecho humano superior a la libre circulación de bienes.

También afirmará que el tránsito de personas nunca fue interrumpido ya que siempre estuvo habilitado, y con la debida anticipación e información, alguna de las tres vías de comunicación entre los dos países, incluyendo el reforzamiento de los funcionarios de la aduana.

Sofisma

Finalmente, las argumentaciones oficiales de la Argentina hablan del sofisma que implica la acusación uruguaya sobre la omisión del Estado nacional ante los cortes. Para el gobierno nacional, no se puede reclamar que se implemente una severa represión contra los 40.000 manifestantes. Para los funcionarios locales, lo que funcionaría en estos casos no es la represión sino la disuasión, lo que finalmente se logró al llevar el caso de las pasteras de Fray Bentos a La Haya.

Además, y ante el señalamiento uruguayo sobre la responsabilidad del gobierno argentino por los cortes, se afirma que sólo existiría este caso cuando el sector público haya estado detrás de los cortes, o éstos bajo control o gestión de los funcionarios del Estado nacional. Como ninguna de estas dos condiciones se observó en el caso de los cortes de Gualeguaychú, no correspondería la acusación.