Crisis provincial que mira ahora a Nación

Juan Schiaretti

Córdoba (especial) - Mientras los apoderados de Luis Juez profundizaron ayer la estrategia de «embarrar» más la cancha a la Justicia Electoral local y demorar el recuento de votos (lo que en Córdoba se interpreta como una contradicción flagrante, ante el discurso de la denuncia de fraude), el conflicto político derivado de la elección provincial se trasladó definitivamente a Balcarce 50, y sus consecuencias pueden ser allí aún más imprevisibles que para la misma Córdoba.

Lo más significativo no se verá en los medios de comunicación. Se trata del movimiento de fichas en el tablero kirchnerista que la crisis cordobesa provocará.

La versión más fuerte (además de la ya publicada posibilidad de que Juez le solicite a Néstor Kirchner que intervenga Córdoba) es que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, le pedirá al intendente capitalino que encabece una lista de diputados nacionales que apoyarán a Cristina de Kirchner en los comicios del próximo 28 de octubre.

En el comando juecista aseguran que eso es posible, pero que sólo se paga con la intervención federal. Como para no cerrar las puertas (ni la caja) si la jugada no le resulta conveniente a Juez, el jefe comunal ofrecería que sea su hermano Daniel quien aparezca en esa boleta, aunque es consciente de que el impacto visual del mismo apellido en la boleta no iguala las condiciones.

La cuestión tiene algunas complicaciones. La primera es que la alianza ya formalizada por el Frente para la Victoria en Córdoba es con el PJ. La segunda es que hay señales coincidentes acerca de que Cristina, aunque no comulga con el delasotismo, a Juez le dispensa confianza cero.

En este contexto, ayer el gobernador electo Juan Schiaretti responsabilizó directamente a Fernández (aliado político del perdidoso postulante del FCS) de usar al propio Juez para fogonear un conflicto «inexistente» y generar condiciones de crisis institucional en la provincia.

El actual vicegobernador llegó hasta ahí, pero quedó a un solo paso de acusar lisa y llanamente al jefe de Gabinete de agitar la intervención federal en Córdoba.

También se ocupó Schiaretti de cuestionar la actividad política de las dos enviadas de Fernández a Córdoba. Acusó a la diputada nacional del Frente para la Victoria Patricia Vaca Narvaja (a quien calificó de «oligarca venida a menos») y a la titular del PAMI, Graciela Ocaña, de ejecutar acciones más propias de los punteros del conurbano, que de dos funcionarias de la nueva política. Para Schiaretti, Vaca Narvaja y Ocaña son parte del intento de «asonada» mediática judicial del jefe municipal cordobés.

Imputación

También Schiaretti cargó contra Juez. Lo hizo en términos muy duros, acusando a su rival electoral de golpista, fascista y «aprendiz de Nerón».

«Juez quiere anular la elección, que haya un golpe de Estado en la provincia, que llegue la intervención federal, porque no acepta, como buen aprendiz de Nerón, que quiere incendiar la ciudad de Córdoba.»

«A mí no me va a tomar de idiota, de creer que le voy a decir que vamos a contar voto a voto, para estar siete meses contando», porque entonces «va a decirse cayó un voto, anulo también éste y vamos a estar discutiendo un año», señaló Schiaretti, para luego agregar: «'Todo o nada', esa consigna fascista y nazi que él usó en su campaña es 'yo o nadie'».

El vicegobernador cordobés fue luego muy claro: «Este señor es un farsante y como todo émulo de Hitler, exacerba los instintos más primitivos del ser humano». «Lo responsabilizo por la paz social, porque está usando a sus militantes para apretar a la Justicia», aseguró además, e insistió en que «la cantidad de votos impugnados es de 7 mil», un número que de ser acertado, impediría que Juez descuente los 17 mil votos que lleva de ventaja el peronismo según el escrutinio provisorio.

Por su parte, Juez fue ayer denunciado por María Puccini, miembro del Tribunal de Cuentas del oficialista Unión por Córdoba, que aseguró que el intendente de Córdoba pagó un canon excesivo a la empresa de recolección de basura Cliba. Para ello, la dirigente delasotista se amparó en un estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba, que señala que la Municipalidad debe pagar un canon de $ 8.749.870 por mes, pero -siempre según Puccini-habría pagado $ 21.174.685 por dos meses.

Por otro lado, Juez armó una agenda de visitas periodísticas en la Ciudad de Buenos Aires, cuya intensidad sólo se compara con la acción promocional de algún producto masivo. Aseguran que en esto también cuenta con la ayuda del jefe de Gabinete.

Decidió ir a cuanto programa de TV y radio le abra la puerta, para repetir su denuncia de fraude. También pedirá que la primera dama se haga cargo de la situación política, algo que, escuchado sin repreguntar, sonará entre críptico y amenazante.