Quince diputados de la bancada oficialista presentaron una demanda ante el fuero Criminal y Correccional Federal. La exintegrante del bloque de La Libertad Avanza fue una de las primeras en denunciar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.
Archivo. Pagano fue de denunciada por la bancada libertaria.
En la previa de lo que fue el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, un grupo de legisladores nacionales del bloque La Libertad Avanza presentó una denuncia penal contra la diputada Marcela Pagano. En detalle, la exdiputada oficialista fue acusada de presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, entre otros cargos vinculados a la administración pública.
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La denuncia fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, competente para investigar delitos de funcionarios públicos. La demanda también apunta contra la pareja de Pagano, el abogado Franco Bindi, como “instigador y cómplice necesario” de esos delitos.
La demanda fue presentada por los diputados María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Lilia Lemoine, Andrea Fernanda Vera, Valentina Loana Ravera, Miguel Rodríguez, Eliana Bruno, Andrés Leone, Atilio Basualdo, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez, entre otros.
La denuncia incorporó posibles irregularidades vinculadas a la situación patrimonial de Pagano, con especial énfasis en la presentación de declaraciones juradas y en la evolución de sus bienes durante su paso por la función pública.
Además de la figura de enriquecimiento ilícito, los denunciantes sumaron delitos como la omisión maliciosa y la administración fraudulenta, lo que amplía el alcance del expediente hacia eventuales maniobras que podrían haber comprometido recursos del Estado.
“El núcleo indestructible de la presente denuncia reside en tres hechos objetivos que surgen de las propias declaraciones juradas de la diputada Pagano: la desaparición sin trazabilidad del ‘depto. 2011′ a lo largo de tres instrumentos sucesivos; la omisión total y reiterada de los bienes de su conviviente el Sr. Franco Agustín Bindi pese a la obligación legal expresa; y la declaración ficticia de una tenencia en divisas inmutable a lo largo de dos años de intensa actividad patrimonial, consignada además con una fecha de origen manifiestamente imposible –advierten los denunciantes-. Ninguno de estos hechos requiere prueba adicional para ser constatado: emergen de la lectura comparada de documentos públicos emitidos por la propia Oficina Anticorrupción”, detalla la denuncia.
La presentación fue realizada con el patrocinio del abogado Hernán Emilio Seivane, quien actuó en representación de los legisladores impulsores de la acción. En el escrito, los diputados fijaron domicilio procesal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y solicitaron que la investigación quede bajo jurisdicción federal.
"Te voy a enseñar como cuando tenes el culo limpio, las acusaciones se aclaran en el momento y se caen como un piano. El 22/3/23 vendí mi departamento que había comprado a mis 24 años. Con ese dinero y ahorros declarados ante AFIP ese mismo año compré en agosto 2023 otro depto", respondió la diputada a través de su cuenta de X.
Según consta en la denuncia, el objetivo es establecer responsabilidades y determinar si existieron conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El caso se inscribe en un escenario de creciente judicialización de la política, donde las denuncias por presuntas irregularidades patrimoniales ganan centralidad en la agenda pública. Por lo pronto, la situación de Pagano quedó bajo análisis de la Justicia, que deberá evaluar si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación formal sobre los hechos denunciados.
Mientras Adorni exponía el informe de gestión del Gobierno ante el Congreso, Pagano se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ampliar la denuncia que impulsa contra el jefe de Gabinete. En ese marco, entregó al juez Ariel Lijo documentación que, según afirmó, daría cuenta de la existencia de una empresa offshore denominada “IM Group S.A.S.” radicada en Uruguay, vinculada al periodista Marcelo Grandío.
Pagano también solicitó declarar como testigo en la causa por enriquecimiento ilícito, con el objetivo de respaldar su planteo de que Grandío y Adorni mantienen una sociedad. Según su hipótesis, “lo recaudado por publicidad se enviaba a una firma offshore radicada en Uruguay a nombre también de Grandío y de su mujer”.
La legisladora detalló que aportó información sobre el circuito de facturación del programa “Giros”, emitido por la televisión pública y conducido por Grandío. En ese sentido, sostuvo que los ingresos publicitarios “se enviaban a una firma offshore radicada en Uruguay a nombre también de Grandío y de su mujer. La firma se llama IM Group”. Además, recordó que la productora comercial del ciclo se denomina IM House.
Por último, Pagano aseguró que su ausencia durante el informe de gestión se debió a que decidió priorizar su presentación judicial porque “no quería ser parte de un espectáculo montado" por el oficialismo: "Yo creo que ni un niño de trece años prepara las cosas de la manera que las preparó Adorni; y consideré más pertinente utilizar el dinero de los contribuyentes para algo útil, que es venir a ampliar mi denuncia”.
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