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El oficialismo confía en que Cristina de Kirchner ganará la presidencia el 28 de octubre. Dejará una banca de senadora nacional por Buenos Aires que mucho no le ha aportado al distrito pero que ya tiene una cola de postulantes. Si dejase ese puesto no podría pedir licencia porque le impide la ley ejercer dos cargos de representación electoral. Debería suplantarla Graciela Ocaña (la sigue en la lista del PJ votada en 2005) quien ha demostrado a lo largo de los años el desinterés en la función legislativa y lo poco que aprecia a quienes la votaron. Pasó los dos últimos años de su banca de diputada ya de licencia para ejercer la intervención en el PAMI que no tiene ganas de abandonar.
Tampoco ha demostrado interés en la tarea legislativa quien la sigue en la lista, el actual embajador en Francia, Eric Calcagno.
Los dirigentes del kirchnerismo bonaerense ya manejan esa vacante que dejaría Cristina de Kirchner como una oportunidad para escalar en el Congreso. Y presionan para que Cristina -y sus suplentes-renuncien antes del 8 de setiembre, fecha de cierre de la inscripción de listas. Como Felipe Solá ya se aseguró una banca de candidato a diputado nacional, la línea Carlos Kunkel-Carlos Moreno, ve ese puesto en el Senado como una reivindicación de las postergaciones a que los somete su jefe Néstor Kirchner. No pare-ce seguro que esa renuncia de la senadora se haga antes de esa fecha, lo que permitiría ya mismo premiar alguna lealtad el 28 de octubre. Conociendo el gusto que le encuentra el Presidente a ciertas situaciones seguro que agitará la zanahoria de esa vacante para un poco más adelante.
POLICIA PROPIA, ¿UNA TRAMPA?
Seguridad y medio ambiente son temas que a un gobierno con sentido de la oportunidad le conviene tener lejos. Carlos Menem llevó la Secretaría de Seguridad a la Presidencia y se complicó más con los problemas que con las soluciones. Néstor Kirchner hizo lo mismo con Medio Ambiente y no sabe cómo sacarse no sólo el problema de las papeleras de encima sino también a Romina Picolotti. Seguridad y medio ambiente son temas que le conviene agitar más a la oposición que a los gobiernos, que tienen que limitarse a prevenir el delito y a evitar la contaminación. No tiene muchos más argumento porque en seguridad y medio ambiente se manejan sensaciones y es donde todos tienen razón. Tiene razón quien dice que el país vive una ola criminal imparable, y tiene razón también el gobierno cuando dice que bajó la cantidad de delitos. Como se trata de sensaciones, nadie cree que haya seguridad mientras exista aunque sea un delito, y un delito -o más-siempre habrá. Tiene razón quien se queja de la contaminación pero también puede argumentar lo contrario quien explique qué medidas se toman para evitarla. Pero son sensaciones y siempre habrá algún efecto contaminante en cualquier actividad humana.
Con más voluntarismo que ciencia, Mauricio Macri sigue reclamando policía propia como si tenerla le hubiera permitido al gobierno nacional y a los otros 24 gobernadores del país sacarles a los argentinos la maldición de la inseguridad. Lee encuestas que reflejan el lógico pánico del público que mira cómo crece el crimen a medida de que debilitan las administraciones por el clima pre-electoral. Se deja también seducir por los expertos que hacen cola en sus oficinas de la calle Alsina para convencerlo de proyectos, sistemas, quizá compra de equipos, que lo ayudaría a dar una respuesta. Cerca de él no están todos convencidos y algunos le plantean cómo haría él mismo, o los funcionarios que piensa poner a cargo de la seguridad en la Capital, para manejarse con los 52 comisarios que hay en la Capital y con los superintendentes de la Metropolitana, con quienes se necesita experiencia, formación y también picardía política y de la otra. Por los nombres que circulan no le aguantarían un solo round a un comisario en una discusión sobre seguridad.
¿Cuánto le llevaría equipar una fuerza nueva? ¿Cuánto entrenarla? ¿Y cuánto pagarla en una ciudad con vecinos agobiados por impuestos que figuran entre los más altos del país?
Los críticos de esa decisión le recuerdan que para un gobernante como Macri, peleado además con el gobierno nacional -el primero desde que se elige el cargo de jefe de Gobierno-debería empezar pidiendo que la Nación dé más seguridad y que la provincia de Buenos Aires deje de albergar a los que van a delinquir a la Capital. Ni qué decir el problema que se compra Macri con su promesa de levantar cortes de calles y protestas que ocupen el espacio público cuando la Capital Federal es la sede de todas las protestas de la Argentina, promovidas la mayoría por piqueteros que alimenta el gobierno nacional y que arrancan en el conurbano de Buenos Aires. En cuando Nación y provincia vean que Macri asume responsabilidades policiales seguramente no van a disminuir sino a aumentar.
EE.UU., MAS SERIO EN TEMAS SERIOS
Todo político sabe que el final de su carrera lo pasará paseándose por los juzgados. «Es un trabajo en el que es fácil entrar pero muy difícil salir», suele mascullar Néstor Kirchner cuando le preguntan por qué no va por una reelección. Seguramente el fracaso, que ha acompañado a las administraciones del país durante décadas motive que toda evaluación de una gestión se haga en los Tribunales. El caso AMIA da un ejemplo, con ex juez Juan José Galeano y el ex ministro Carlos Corach investigados por la Justicia argentina por su fracaso en resolver el atentado, pero también reclamados por la Justicia de Irán por intentar hacerlo.
¿Qué hacen otros países ante estos hechos? Hace pocas horas se conoció el resumen de un informe secreto de la CIA sobre las responsabilidades del organismo en prever el atentado de la Torres Gemelas, que es el atentado terrorista con más víctimas desde la Segunda Guerra Mundial -hasta ese momento el más grande era el de la AMIA-. El dictamen echa la culpa al ex jefe del organismo George J. Tenet por no haber vigilado con eficacia los movimientos de los terroristas de Al-Qaeda y no haber podido impedir que los 19 responsables fueran detenidos antes. No se conoce el informe completo sino una síntesis por la naturaleza de su contenido, materia de la seguridad nacional, pero dice expresamente que ni Tenet (que renunció en 2004) ni sus colaboradores serán objeto de ningún castigo o sanción. El motivo: que castigar a los jefes de la agencia sería enviarles un mensaje negativo a los integrantes más jóvenes de la CIA sobre la necesidad de tomar riesgos. En el juicio AMIA el gobierno hizo declarar a agentes de inteligencia a los que se les quitó el deber del secreto de Estado; es imaginable cómo tomaron nota los espías sobre cómo debían desnudar su tarea ante los jueces y la prensa para cuando deban resolver un caso semejante.
No cabe decir que en los Estados Unidos se investigó mejor que en la Argentina, dado que allá tampoco se ha apresado o condenado a ninguno de los responsables ni ideólogos del atentado de las Torres Gemelas (apenas se está juzgando a un presunto integrante de Al-Qaeda a quien se acusa de estar vinculado con el secuestro de un quinto avión el 11 de setiembre). Las diferencias están en otro lado.
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