La acusación surgió luego que el Ministeriode Desarrollo Social compró seis millones de kilos de harina a dos empresas, uno de cuyos accionistas es el titular de esa cartera.
El pedido de juicio político fue tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales que, pese a la negativa del felipismo, emitió un dictamen con el apoyo de los legisladores duhaldistas y del ARI para que los diputados definan en sesión si se conforma o no la comisión investigadora.
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