Pedro Rafael Mercado y María Cecilia Pando presentaron ayer una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas contra un funcionario del gobierno nacional que ostenta el grado de teniente coronel del Ejército y a la vez se desempeña en el Ministerio de Desarrollo Social. Según la Ley Nº 19.101 -que regula el comportamiento del personal militar-, que invocan Pando y su esposo, está taxativamente prohibido que los militares participen en actividad política partidaria. «Sin embargo, por mucho menos, a varios uniformados que participaron en los actos para recordar a las víctimas de la guerrilla en los 70 se los pasó a retiro o se los dio de baja. Parece que sólo esas intervenciones son incompatibles con el grado militar», se quejó ayer la mujer.
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El denunciado es Sergio Alejandro Berni, quien se desempeña como subsecretario de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo y Acción Social, a cargo de Alicia Kirchner. Pando y Mercado lo denunciaron por presunta violación a los deberes de funcionario público -artículos 248 y 249 del Código Penal- por no «cumplimentar leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».
«Al respecto, su desempeño como funcionario público y como referente político del Movimiento Militancia Social, contraría taxativamente lo establecido en la Ley Nº 19.101 (ley para el personal militar) que regula el comportamiento de todo el personal militar», expresa la denuncia presentada ayer que se hizo extensiva al jefe de personal del Ejército argentino, general de brigada Oscar Roberto Gómez y al jefe de Estado Mayor General del Ejército, teniente general Roberto Bendini, «quienes por su relación personal y funciones oficiales, no pueden desconocer la situación irregular de este empleado jerarquizado de gobierno».
Según consta en la denuncia, Berni continúa siendo un oficial del Ejército, en actividad, que ostenta el grado de teniente coronel destinado en la Junta Superior de Reconocimientos Médicos, dependiendo de la Jefatura I personal del Ejército argentino. Pero uno de los deberes esenciales impuestos al personal militar en actividad por la Ley Nº 19.901 es «la no aceptación ni el desempeño de funciones públicas electivas y la no participación directa o indirecta en las actividades de los partidos políticos».
En su escrito, Mercado pide «tener presente que quien suscribe esta denuncia fue eliminado del servicio activo del Ejército por la actividad pública opositora al gobierno desarrollada por su señora esposa; que algunos oficiales subalternos de la institución fueron retirados o dados de baja del Ejército por haber participado de un homenaje público a las víctimas del terrorismo en la Argentina; y que el jefe de Estado Mayor ordenó la ejecución de un sumario administrativo a los militares retirados que participaron de uniforme en dicho acto. Frente a estas actitudes del general Bendini, la conducta permisiva manifiesta en el caso del teniente coronel Berni, pone en evidencia una conducta discriminatoria inaceptable para un funcionario público».
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