Otra denuncia penal se sumará hoy a la guerra judicial de campaña entre el gobierno y la oposición. La demanda que presentará el radicalismo esta vez es contra Ricardo Jaime, secretario de Transporte, por asociación ilícita -entre otras acusaciones- por haber entregado al ex concesionario del Ferrocarril Sarmiento y Belgrano Sur, Sergio Taselli, un pago por $ 15 millones para el pago de sueldos, cuando la concesión estaba ya terminada y el propio servicio jurídico del Ministerio de Economía había recomendado frenar la entrega de fondos. Ese pago ya está en investigación judicial porque Taselli lo habría retirado sin aplicarlo a la cancelación de salarios, monto que luego el Estado tuvo que reponer cuando se hizo cargo de los dos ramales. Es decir que, según la denuncia que presentarán hoy Gerardo Morales, Ernesto Sanz y Alejandro Nieva, Jaime procedió al pago del subsidio -por facturas que presentó Taselli- cuando Valeria Pommodoro, directora General de Asuntos Jurídicos del servicio jurídico que el Ministerio de Planificación Federal comparte con Economía, había ordenado lo contrario.
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En la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad en la asignación de un recurso público, desbaratamiento de derechos acordados y asociación ilícita, se relata que «la ex concesionaria de las líneas Roca y Belgrano Sur en Capital, que controlaba el grupo económico de Sergio Taselli, se quedó con los subsidios del gobierno que recibió para pagar los sueldos de junio de 4.100 trabajadores».
El relato continúa: «Como consecuencia de dicho accionar, la Secretaría de Transporte salió a cubrir los pagos salariales con una nueva partida especial de casi $ 15 millones para liquidar los salarios ante una amenaza de paro total, que fue gestionado, como ha de acreditarse, contra reloj».
Tiempo récord
Lo que intentarán probar los radicales es que ese pago fue despachado en tiempo récord cuando Taselli ya se estaba retirando de la concesión en medio del conflicto que se generó cuando grupos de usuarios casi destruyen la estación de Constitución.
En esa supuesta desaparición de fondos, la denuncia incorporaotro hecho que ya había sido denunciado: «Las planillas confeccionadas por Metropolitano -al parecer con la anuencia de algunos funcionarios de la Secretaría de Transporte Ferroviario- incluyeron casi un centenar de empleados de la láctea Parmalat y varios contadores y abogados que fueron incorporados en las últimas semanas». Esa empresa láctea es también propiedad de Taselli.
Pero la novedad que aporta la denuncia penal que presentan Morales, Sanza y Nieva, es la existencia previa de un dictamen de Pommodoro, donde opinó sobre la entrega del subsidio a la concesionaria de Taselli.
Como todo trámite de ese tipo, el subsecretario de Transporte Ferroviario, debe contar con las facturas que «de la compensación de costos de explotación» que presenta la concesionaria, en este caso los sueldos del mes de junio que Taselli debía abonar, para proceder al pago del subsidio. Otro paso ineludible es la opinión del departamento de Asuntos Jurídicos del ministerio -en este caso Economía-.
Y es en ese punto donde Pommodoro le respondió a la Subsecretaría Legal del Ministerio de Planificación que «no correspondería abonar el total de las facturas presentadas». Así recomendó: «Atento los términos de las rescisiones por culpa de los concesionarios» y a que no existía una fecha cierta aún de la toma de control por parte del Estado «sólo correspondería abonar... aquellos gastos comprendidos en las mismas efectivamente abonados por los ex concesionarios, con carácter previo al pago que efectúe el Estado».
El camino que tomó la Secretaría de Transporte no habría sido ése, y finalmente se le giraron los fondos que el concesionario no utilizó para pagar los sueldos.
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