Denuncia presentada por la Cancillería ante el juzgado de Norberto Oyarbide donde se pide investigar a funcionarios de esa cartera y a diplomáticos que vendieron sus autos en el país de forma ilegal.
La Cancillería se presentó a la Justicia para que se investiguen irregularidades detectadas dentro del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, para la importación e ingreso en el mercado argentino de manera irregular de vehículos de lujo, camionetas 4x4 de alta gama o exclusivísimos automóviles deportivos. En todos los casos, se trataría de unidades que, valiéndose de las normas que amparan a los diplomáticos extranjeros para poder disponer de automóviles sin el pago de impuestos, ingresaron a la Argentina para luego ser vendidos a particulares a un valor mucho menor que el de mercado. El caso es aún peor: varias embajadas habrían utilizado este mecanismo para poner en las calles argentinas vehículos, vendiéndolos a particulares, que ni siquiera están autorizados para circular por el país. Es el caso de los todoterreno Hummer, unidades que sólo podrían manejarse dentro del territorio argentino con una chapa diplomática. También hay casos de importación irregular de automóviles Porsche 911, Audi Q7, BMW 320, Ford Mustang, Infinity (marca de lujo de Nissan), Austin Healey y varios modelos de Mercedes-Benz, entre otros.
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La presentación oficial de la denuncia penal del ministerio que dirige Jorge Taiana fue concretada ayer en nombre de la propia cartera, y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 de Norberto Oyarbide, al que se le pide que investigue «la posible comisión de hechos ilícitos». Puntualmente, la Cancillería quiere que la Justicia determine la responsabilidad de los funcionarios del Departamento de Franquicias de ese ministerio en el otorgamiento de las licencias y patentes diplomáticas. Luego Oyarbide tendrá que conocer además si hay responsables dentro de las embajadas extranjeras implicadas (más de 20 de diferentes países, algunos de ellos importantes y con relaciones económicas muy cercanas a la Argentina), en los delitos de contrabando y evasión impositiva.
La denuncia penal resultó de una auditoría interna ordenada en agosto del año pasado por el propio Taiana y en la cual se detectaron irregularidades en el Departamento de Franquicias que terminaron con el desplazamiento de su titular, Jorge Matas. El 17 de agosto comenzó la investigación y dos meses después, el 24 de octubre se elevó un informe final sobre el «Circuito de ingreso, circulación y nacionalización de automotores», por el cual se decidió la intervención del área. A partir de allí se auditaron las operaciones de franquicias a diplomáticos extranjeros durante el período 2005-2007, en donde se amplió la detección de las irregularidades.
El 1 de noviembre de 2007, se inicia en el Departamento de Franquicias, un sumario administrativo, para determinar «las responsabilidades legales disciplinarias y patrimoniales» de los funcionarios involucrados, según se aclaró desde la propia Cancillería.
Los autos para diplomáticos extranjeros pueden ser importados libres de impuestos una vez obtenida la franquicia que otorga la Cancillería y, tras su nacionalización, puede ingresar al mercado y ser revendido a un precio muy superior.
Entre otras irregularidades que se detectaron, y que incluyen tanto a funcionarios argentinos como a agentes diplomáticos extranjeros y grandes operadores del mercado automotor local, hablan de delitos en el momento de la realización de los trámites de concesión de franquicias y nacionalización de automotores. Este último punto, es cuando una unidad es vendida por un agente extranjero a un particular argentino.
Plazo breve
La irregularidad más significativa que se encontró, es el escaso plazo entre la introducción a la plaza del vehículo y su nacionalización. Así, hay casos de varios automóviles que llegaron al país vía diplomática y se nacionalizaron en no más de tres meses. En otras operaciones, el vehículo ingresó cuando el agente ya no prestaba servicios desde hacía años, pese a lo cual se introdujo luego en el mercado local.
El caso más notable, es el del ingreso vía diplomática y posterior nacionalización de varias unidades (más de 20 vehículos) de marca Hummer (propiedad de General Motors). Estas unidades están categorizadas como todoterreno y tienen un valor en país de origen de u$s 63.000 (tal el precio con el que pueden ingresar al país a través de una embajada). Luego, y por el mecanismo detectado por la Cancillería, el vehículo era nacionalizado y comenzaba a circular por el país; pese a que aún la Secretaría de Industria no autorizó su comercialización dentro de la Argentina. Los Hummer eran vendidos a un precio aproximado de 90.000 dólares. Se calcula, que cuando se autorice su circulación, el valor en la Argentina será de 100.000 dólares.
Otro caso notable detectado por la Cancillería fue una operación de nacionalización por parte de una embajada, de algunos automóviles Lamborghini Gallardo, que en el mercado de origen cuestan 180.000 euros y que fueron colocados en la Argentina a 210.000 euros. En el mercado, tendría un valor de 260.000 dólares.
También se encontraron varias franquicias que fueron otorgadas al mismo funcionario, o con requisitos legales que no se cumplieron durante el trámite de otorgamiento del beneficio.
Además de la presentación judicial, el resultado de la auditoría fue girado a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), puntualizaron las fuentes.
Según la Aduana, de confirmarse judicialmente el delito, se podría acusar además a los involucradospor «contrabando agravado», una falta tributaria grave que está penada por la ley penal tributaria y que incluye eventualmente la prisión del involucrado, ya que menciona un plazo máximo de 8 años de cárcel para la persona que realice la maniobra.
Además, el organismo que dirige Ricardo Echegaray pedirá a la Cancillería que dicte en las próximas horas la prohibición para que los vehículos involucrados puedan salir del país.
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