Aníbal Fernández encontró la posibilidad de relanzar un viejo proyecto suyo, el de creación de un banco de datos con información sobre los ciudadanos argentinos, que se completará con la emisión de un nuevo Documento Nacional de Identidad, electrónico. La iniciativa está atravesada por mil peripecias: la emisión de nuevos documentos parece ser una operación maldita para todos los ministros del Interior. Desde el finado Julio Mera Figueroa (autor de aquel contrato nonato con la Thompson-Sofremi francesa) hasta Carlos Corach, cuyo acuerdo con Siemens terminó en una derogación y se sigue investigando en la Justicia. La razón por la cual Fernández intentará relanzar el proyecto no puede ser más noble y adecuada: lo pide Juan Carlos Blumberg en su petitorio. Es cierto que el ministro no quiso recibir ese papel, tal como denunció el propio ingeniero en la Plaza de Mayo (sólo Daniel Scioli lo atendió, dijo), pero Fernández no necesitó tomar contacto con esa solicitud para detectar cuál era su ítem más urgente.
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De este modo, resucitó una licitación que ya se había frustrado en su momento por motivos que se explicaron en la página 304 de un libro denominado «Side. La Argentina secreta», de reciente aparición. Allí se dice que Néstor Kirchner envió a filmar a funcionarios del Ministerio del Interior que negociaban la confección del pliego para esta licitación con una de las empresas destinadas a ganarla: la francesa Sagem. El ministro todavía no querelló -que se sepa- al autor de esa página. Tampoco se sabe que le haya reprochado esa tarea cinematográfica a Francisco Larcher, el responsable de la SIDE.
No son las únicas incógnitas. Ahora que se puso de nuevo en marcha la licitación, reaparecen algunas preguntas. ¿Qué participación tendrá la empresa Sagem, denunciada en ese libro? ¿Es cierto que hay compañías que fueron invitadas a participar en la confección de los pliegos de la licitación, según denuncian algunos de los que imaginan quedar fuera de la obra? ¿Se presentarán Nec, Printrax e Indra? ¿Cómo les irá? ¿Qué sucederá con Ciccone Calcográfica, beneficiaria de un controvertido contrato de emisión de cédulas de identidad en asociación con la Policía Federal?
Estas preguntas no sólo inquietan a quienes siguen estas iniciativas de Fernández, quien ya lleva más de dos años intentando concretar lo que nuevamente anunció. También comenzaron a interesar a los colaboradores de Blumberg: «El ingeniero no quiere ser, con sus reclamos, cómplice de ninguna licitación incorrecta o prefabricada», le dijo ayer a este diario uno de sus seguidores más estrechos. ¿Terminará Blumberg bendiciendo o denunciando este proyecto? Importa tal vez menos este interrogante que otro más decisivo: ¿firmará Néstor Kirchner el decreto que autorice el concurso al que debe convocar su ministro? En el caso del convenio con Siemens (por el cual se demandó a la Argentina en el CIADI), requirió la firma presidencial tanto para su concreción (Menem) como para su anulación (De la Rúa). Le toca ahora el turno a Kirchner, a pesar de que ni siquiera Carlos Zannini comenzó a ver los papeles.
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