Dólar futuro: rechazan sobreseimiento de ex directores del Banco Central

El TOF 1 no hizo lugar al pedido, y, de cara al juicio oral, dispuso una audiencia preliminar para el día 26 de noviembre.

En agosto se conoció un informe firmado por los peritos oficiales y los de parte que concluyeron, entre otras cosas, que la operación de dólar futuro se hacía en la Argentina desde hacía diez años.

El tribunal que tendrá a cargo el juicio oral por la causa conocida como “dólar futuro”, por mayoría, rechazó dictar el sobreseimiento a ex directores del Banco Central, entre ellos a quien fue su titular Alejandro Vanoli. La medida había sido pedida por las defensas tras una pericia que es clave.

En disidencia, el juez Adrián Grunberg entendió “que ya no deviene necesario llevar a cabo el debate” y votó en soledad por el dictado del sobreseimiento.

Y más allá de los informes periciales, el juez, en soledad, apuntó a la política económica y monetaria del gobierno de Macri: “No puede soslayarse que, en el tiempo transcurrido entre la celebración de los contratos de dólar futuro y la fecha en la que operaron sus vencimientos, el 10 de diciembre de 2015 se produjo la asunción de nuevas autoridades gubernamentales y del B.C.R.A., que ejecutaron nuevas políticas económicas y monetarias, con grave incidencia sobre aquellos contratos. En efecto, ya ha quedado dicho que entre las medidas adoptadas debe subrayarse la devaluación de nuestra moneda con respecto al dólar en un cuarenta por ciento”.

Ese magistrado advirtió que “de lo que no puede caber duda alguna es que aquella importante y abrupta devaluación sí afectó el cumplimiento de los contratos mediante la debida erogación de una millonaria cantidad de pesos”.

En tanto, el tribunal oral decidió avanzar hacia el juicio y fijó una audiencia preliminar para el 26 de noviembre.

El pedido de sobreseimiento había sido requerido por los ex directores del Central tras un extenso examen pericial que derribó, según las defensas, cualquier hipótesis delictiva.

Ese informe concluyó que la operación de dólar futuro se hacía en la Argentina desde años atrás, que de ninguna manera se dañó el patrimonio del Banco Central, y que no se afectaron las reservas.

Para el tribunal oral, con la firma de los jueces José Michilini, Ricardo Basilico y en disidencia Adrián Grunberg, el pedido es “prematuro” y afectaría el derecho de defensa de los otros imputados que también deberán ser juzgados.

Se trata de la causa en la que además está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner, y que fue instruida por el entonces juez Claudio Bonadio por una denuncia del macrismo sobre cuestiones de política monetaria de dudosa judicialización.

Las defensas de Vanoli, de Miguel Angel Pesce, de Pedro Biscay, entre otros directores, que aún están acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, cuestionaron severamente la investigación que fue elevada a juicio en forma incompleta sin que se completaran las medidas de prueba.

La prueba clave que ahora concluyó y está en la causa es el peritaje contable oficial del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Consultores Técnicos de parte.

En la presentación, los defensores explicaron que la pericia contable recientemente agregada, contiene conclusiones contundentes “que han fulminado con absoluta claridad y minuciosidad, todos aquellos extremos sobre los que se quiso sustentar una imputación criminal tan equivocada como capciosa, sin dejar de lado la sinrazón de judicializar una decisión claramente política, insusceptible de ser revisada, por lo tanto, en esta sede, atenta la absoluta legalidad y legitimidad de los organismos que intervinieron en la toma de decisiones y en la ejecución de todo cuanto incumbe a lo que se ha dado en llamar genéricamente, el dólar futuro”.

Según los letrados, la política gubernamental desplegada en el tópico dólar libre “no constituye ni jamás ha constituido un ilícito penal, lo que derrumba la muy frágil construcción delictiva que desde hace años, viene sometiendo a nuestros pupilos a las consecuencias irrevocables de un proceso penal en el que ni siquiera pudieron ejercer el derecho de defenderse como la Constitución manda, circunstancia cuando menos insólita en el marco de un Estado de Derecho”.

Por mayoría, el tribunal decidió rechazar el pedido de sobreseimiento formulado de manera conjunta por las defensas de Alejandro Vanoli Long Biocca, Miguel Ángel Pesce, Sebastián Andrés AguilerA, Mariano Beltrani, Pedro Martín Biscay, Bárbara Emilia Domatto Conti, Juan Miguel Cuattromo, Germán David Feldman y Alejandro Formento.