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Hubo señales públicas y reservadas de esta decisión. Entre las primeras, estuvo la estridente reunión de intendentes del conurbano que se realizó ayer, como adelantó este diario, en la sede de la federación que los agrupa: allí se reclamó por un fondo especial cuya definición precisa quedó para otra oportunidad. Más sigilosos, Alberto Fernández y Roberto Lavagna se comunicaron con Eduardo Duhalde para solicitarle que aplicara su influencia para que Solá adhiera al proyecto de ley de coparticipación que desde el Ejecutivo se está girando a las provincias. Pero el ex presidente se negó a hacer esa gestión y adelantó a los dos funcionarios que él estará en contra de la iniciativa. A sus íntimos les aclaró más: «Estaré en contra aunque esto me lleve a un problema con (Néstor) Kirchner».
Los intendentes reunidos ayer en la sede de la Fedaración Argentina de Municipios levantaron la voz delante de sus invitados. Allí estaban la vicegobernadora, Graciela Giannettasio; el ministro de Producción, Rafael Magnanini; y la figura central para esta discusión, el ministro de Economía, Gerardo Otero. Delante de ellos, con distintos argumentos, los alcaldes de la primera y la tercera sección electorales volvieron a quejarse de una campaña de desprestigio que se les dirige desde el gobierno nacional. Y reclamaron a Otero y a los otros dos funcionarios provinciales que se sumen a una campaña para que se asigne a la provincia un fondo especial de asistencia para el conurbano. Las voces fueron variadas: algunos pidieron una gestión de «lobbying» ante el gobierno nacional, que pretende ver encarnada en Solá; otros aconsejaron que los propios diputados bonaerenses se encarguen de hacer su propia ley. Estos últimos se dieron cuenta enseguida de que se trata de una estrategia inconducente si no existe apoyo de las demás provincias. Obvio.
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