Echan a jefe policial tras 16 meses

León Arslanian

El ex jefe de la Policía Bonaerense Alberto Sobrado fue definitivamente separado de la fuerza. Un tribunal interno dispuso ayer su expulsión al considerar que cometió una «falta grave» al omitir que poseía cuentas bancarias en entidades financieras del exterior.

Sobrado había sido relevado de su cargo el 3 de julio de 2003, cuando trascendió que tenía a su nombre un cuenta en las Bahamas por 333.549,62 dólares. Pero recién ayer, tras un engorroso proceso administrativo, perdió su condición de retirado.

A pesar de que sus abogados, que todavía no fueron notificados de la resolución de la Auditoría de Asuntos Internas, evalúan apelar la medida, tras su expulsión definitiva, Sobrado dejará de percibir la jubilación, no contará con asistencia social y no podrá usar arma ni uniforme.

Su caso, emblemático entre los hechos de presunto enriquecimiento ilícito de jefes de la Bonaerense, tiene, sin embargo, una implicación mayor: desde su relevo, en julio de 2003, pasaron 16 meses hasta que la cartera de Seguridad logró concretar una sanción efectiva.

Ayer, en el gobierno tomaban ese plazo como indicador de que, aun con pruebas, resulta complicado echar a un policía. Un detalle: Sobrado
cayó cuando el ministro era Juan Pablo Cafiero, quien no tenía, como ahora León Arslanian, «superpoderes» para expulsar uniformados a discreción.

• Perjudicial

Por entonces, la provincia no había fijado una ley --cuestionada o no-protectiva para aplicar purgas. Así y todo, entre julio y noviembre de 2003, Cafiero y, luego, Juan José Alvarez removieron a cinco miembros de la cúpula: Sobrado, Julio César Frutos, Héctor Díaz, Claudio Smith y Angel Casafús.

En general, fue producto de un proceso fijado por Cafiero «radiografiar» el patrimonio de unos 200 uniformados. En una primera etapa, unos 20 fueron derivados a la Justicia. El de Sobrado fue uno de ellos, pero la causa judicial está en trámite.

A futuro, podría resultar perjudicial para la provincia. Si las investigaciones penales no comprueban los motivos por los cuales fueron oficialmente expulsados, los uniformados podrían pedir un resarcimiento del Estado.

Sin embargo, ni siquiera la resolución administrativa está firme. Según el abogado Alejandro Casal, que patrocina al ex comisario, el tribunal que lo juzgó no aceptó presentaciones efectuadas por la defensa ni la presencia de un perito de parte, y tampoco, al menos hasta ayer, los notificó sobre las medidas tomadas.

Así y todo, en la actualidad, Sobrado está en libertad y sin inhibiciones. Es decir: recién 16 meses después de desatado el escándalo sobre sus presuntas cuentas en el exterior, el ex comisario dejará de cobrar una remuneración pagada por el gobierno bonaerense.

Eso, a pesar de que, de acuerdo con lo que consta en la causa judicial, a raíz de informes bancarios, entre 1999 y 2001, época en que estaba a cargo del área Narcotráfico, Sobrado habría girado unos 543 mil dólares al exterior.

Sin embargo, el auditor del Ministerio de Seguridad, Adolfo Naldini, tuvo que recurrir a la Ley de Personal Policial que considera «falta grave» la omisión en declarar bienes patrimoniales. Y Sobrado poseía cuentas en Uruguay y las Islas Caimán cuyo origen, según el tribunal, no pudo justificar.

En rigor, Sobrado intentó justificar su patrimonio como producto de una herencia, ahorros y negocios personales. Pero, para los peritos, esos argumentos resultaron «remotos, incompletos e inciertos» mientras en otros casos fueron considerados directamente «falsos».