El cardenal
Jorge
Bergoglio,
presidente de
la Conferencia
Episcopal,
estuvo
acompañado
por Agustín
Radrizzani en
la apertura de
la Comisión
Permanente
del Episcopado.
Fuertes críticas por el aval judicial a un aborto en Mendoza dominaron ayer la primera jornada de la Comisión Permanente del Episcopado, presidida por el cardenal Jorge Bergoglio. Aunque la cúpula de la Iglesia y Néstor Kirchner evitan confrontar públicamente, las leyes sobre anticoncepción impulsadas por la Casa Rosada en el Congreso y la defensa del derecho positivo que, a través del Código Penal, autoriza los abortos en caso de menores de edad discapacitadas y violadas, tensó nuevamente la relación entre la CEA y el gobierno.
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La disputa volvió a su punto de partida como cuando en 2003, el obispo castrense Antonio Baseotto sugirió arrojar al mar al ministro de Salud, Ginés González García, por su apoyo a la despenalización del aborto. Hoy, el conflicto se ve agravado por la defensa que el kirchnerismo hizo de las leyes que habilitan la práctica gratuita y sin prescripción médica de las ligaduras de trompas y vasectomías. Estos métodos anticonceptivos, a pesar de ser reversibles, son calificados por la Iglesia Católica como «mutilación de los más pobres».
Durante la jornada de ayer, los 20 obispos que integran la comisión realizaron el habitual intercambio pastoral de los temas que les preocupan. El avance de iniciativas para despenalizar el aborto y el pedido de juicio político que la diputada kirchnerista Diana Conti promovió contra una jueza que denegó el derecho a abortar de una joven bonaerense discapacitada y violada relegaron a otros temas que figuraban en agenda, como la decisión del obispo de Puerto Iguazú, Joaquín Piña, de presentarse como candidato a convencional constituyente en Misiones. La cúpula del Episcopado, si bien no les prohíbe a sus obispos ejercer funciones políticas -de hecho el catolicismo es la religión oficial del Estado argentino-, no ve con buenos ojos que sus pastores intervengan activamente en actividades proselitistas.
Los malestares eclesiásticos crecieron por la marcha que un grupo de mujeres realizó ayer en favor del aborto en el centro porteño, en claro apoyo a la joven mendocina discapacitada que quedó embarazada como consecuencia de una violación. La marcha se llevó a cabo a las 19.30 frente a la Casa de la provincia de Mendoza, ubicada en la avenida Callao 445, y uno de los lema de la misma fue «para que no existan más abortos ilegales».
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza autorizó la realización de un aborto a una joven discapacitada, embarazada durante una violación, y rechazó un amparo presentado ante la Segunda Cámara de Apelaciones por varias organizaciones no gubernamentales.
Informes
La Suprema Corte declaró «firme y ejecutable» la decisión del juez de Familia, Germán Ferrer, quien autorizó el viernes último la realización del aborto amparado en el artículo 86 del Código Penal, la norma que contempla la interrupción del embarazo producto de violación a una discapacitada.
Hoy, los prelados recibirán informes de las comisiones episcopales de Pastoral Social, Justicia y Paz y Educación Católica, que tienen bajo sus órbitas las principales preocupaciones de la Iglesia en relación con la inequitativa distribución del ingreso y a la falta de trabajo genuino.
Los prelados participantes escucharán el informe de monseñor Jorge Casaretto -obispo de San Isidro- y de Eduardo Serantes -Justicia y Paz- quienes presentarán su plan de trabajo para el trienio, tras haber realizado una ronda de visitas con referentes sociales -la CGT, la CTA y la UIA- a fin de consensuar políticas de Estado. El proyecto del gobierno para reformar la Ley de Educación vigente es otra de las preocupaciones de los prelados.
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