El juez federal Daniel Rafecas aceptó el pedido de la Oficina Anticorrupción (OA) para ser parte querellante en la causa Hotesur por supuesto lavado dinero, en la que está involucrada la expresidenta Cristina de Kirchner.
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El magistrado decidió "concederle a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la calidad de parte querellante en estos autos", señaló el organismo en un comunicado.
Ahora, la oficina que conduce Laura Alonso podrá tener acceso al expediente y proponer medidas de prueba en la causa "Fernández de Kirchner Cristina y otros s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", más conocida como Hotesur.
Cuando la OA se presentó como querellante hizo foco en la llamativa circunstancia de que Cristina Kirchner "justifica parte de sus ingresos mediante créditos de la firma Hotesur, práctica que podría reducirse a una modalidad de autopréstamo, que podría pretender disimular un aumento patrimonial injustificado".
Además, el organismo destacó que en la causa se investigan "relaciones aparentemente comerciales pero sustancialmente ilícitas -según se denunció- que vincularon a Néstor y Cristina Kirchner con los empresarios Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Cristóbal López".
"En todos los casos, con sus particularidades, se trata del alquiler total o parcial de los Hoteles Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea, y El Retorno a empresas que pertenecen o están vinculadas a empresarios beneficiarios de licitaciones de obra pública con fondos federales", afirmó la Oficina Anticorrupción.
El organismo, además, había planteado la necesidad de que se investiguen las declaraciones juradas de la expresidenta, en particular las "omisiones e inconsistencias entre 2011 y 2013, con relación a cuatro inmuebles y dos locales en Río Gallegos, y seis terrenos y dos locales en El Calafate" y una deuda con Hotesur.
"En este caso, la investigación no debe limitarse a la verificación de la correspondencia técnica en la declaración y su ajuste formal a la norma, sino que se debe establecer si esas irregularidades no evidencian, en realidad, asientos falsos o sobredimensionados, destinados a justificar un incremento patrimonial ilícito", apuntó la OA.
El organismo ya fue tenido como parte querellante en la causa Ciccone y recientemente logró la nulidad del sobreseimiento por enriquecimiento ilícito de Carlos Liuzzi, exnúmero dos de la Secretaría de Legal y Técnica que manejó Carlos Zannini durante el gobierno kirchnerista.
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