El gobierno teme que empeore clima militar

Desde hace una semana la ofensiva de Néstor Kirchner en la reapertura de los juicios a militares tiene problemas. La Cancillería busca con cuentahilos argumentos que permitan llevar al ex capitán Alfredo Astiz ante los estrados de la Justicia francesa. Rafael Bielsa encomendó la tarea a la Dirección de Asuntos Jurídicos que dirige el ministro Mariano Maciel (h), es la repartición de la Cancillería que tiene competencia específica para determinar acerca del cumplimiento o no de los requisitos de forma de la solicitud de extradición cursada por el gobierno de Jacques Chirac.

El jefe de los ministros, Alberto Fernández, participó además de una reunión secreta con el general retirado Héctor Ríos Ereñú, ex jefe del Ejército, para conocer de primera mano los factores que desencadenaron las crisis militares que sufrió Raúl Alfonsín. En el gobierno ya piensan con preocupación en una crisis militar.

El embajador francés en la Argentina, Francois Lott, presentó el viernes pasado la petición oficial de extradición enviada por Dominique Perben, ministro de Justicia de aquel país.

Francia anunció su intención de solicitar la extradición en julio, después de que Julio De Vido dijo en vísperas de la visita del ministro de Economía francés, Francis Mer: «si viene a la Argentina para hablar sólo de tarifas, no lo vamos a recibir». La visión amplia de la diplomacia -sin la impronta conspirativa de la política- estima que lo de Astiz podría encuadrarse en una represalia gala por las palabras de descortesía del ministro de Planificación y los desplantes de Kirchner a los empresarios en la visita oficial a Francia.

• Decisión política

Lott adelantó a un grupo de empresarios la decisión política de su gobierno sobre Astiz. Se cuidó de establecer una relación con el desaire a los empresarios y funcionarios franceses. Pero no convenció a ninguno, sobre todo porque antes de cada reunión pidió un curriculum para asegurarse de la orientación de sus interlocutores.

El giro del gobierno de Jacques Chirac llama la atención: en 1998 antes de la gira de Carlos Menem, el entonces embajador Paul Dijoud, un veterano dirigente gaullista amigo de Chirac bajó los decibeles del caso, dijo: «no hay más capitán Astiz, ya fue procesado y condenado en Francia. Salvo que se presente a la Justicia, pero si no lo hace será un fugitivo más».

La extradición de Astiz no es una novedad, cada vez que se fija la fecha y agenda para una visita oficial a Francia, reaparece la intención de llevar un poco de aire fresco a la Justicia por la vía de entregar un emblemático como este marino Astiz. De eso saben los archivistas que hoy están al servicio de Sergio Acevedo en la SIDE. Por esas oficinas giraba en tiempos de Hugo Anzorreguy una carpeta caratulada «operación Topacio», código que la imaginación de los espías copió del nombre de una lancha que usaba Astiz para navegar por el Delta del río Paraná.

En ella había datos coleccionados sobre las costumbres, hábitos turísticos y actividades del ex capitán de la Armada, idóneos para activar una captura con resolución rápida.

• Condena

Bielsa tiene ya el problema resuelto porque Astiz está preso en Río Santiago después de que Rodolfo Canicoba Corral ordenara la captura de 45 militares y un civil, con fines de extradición, a petición del juez español Baltasar Garzón. Pero ocurre que la Argentina no tiene acuerdo de extradición con Francia y además el derecho argentino no reconoce la validez de los juicios en rebeldía. Astiz fue condenado en 1990 a reclusión perpetua por un tribunal de París que lo juzgó en ausencia y lo declaró responsable del secuestro y asesinato de las religiosas francesas Alice Dumon y Leonie Duquet.

Kirchner envió al jefe de Gabinete a una reunión que se llevó a cabo en el domicilio particular del general retirado Ríos Ereñú en el barrio de Belgrano. Alberto Fernández asistió junto a Julio Bárbaro, interventor del COMFER y ex secretario de Cultura de Carlos Menem. También fueron cuatro oficiales superiores del Ejército Argentino con mando de tropa. Conversaron por espacio de una hora, el domingo 3 de agosto, sobre la situación de los militares detenidos y la posibilidad de que se amplíen los procesos a un número de oficiales y suboficiales que están fuera del cálculo de la Justicia si caen las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Este escenario inquieta al gabinete, José Pampuro, ministro de Defensa, ha alertado sobre las consecuencias que provocará en la familia castrense.

El veterano general, ex jefe del Ejército durante la gestión de Raúl Alfonsín, impuso a los visitantes su visión de que hubo tres presidentes en democracia que iniciaron un proceso de pacificación de la sociedad, cada uno con las herramientas políticas que le tocó en el momento, sin contar el interinato de Eduardo Duhalde, que también avaló lo hecho por los anteriores. Fernández se llevó la impresión de que los uniformados no se apartan del acatamiento de la Justicia, pero ese repaso histórico de las crisis militares de Alfonsín caló hondo en el pensamiento del jefe de Gabinete.