El gobierno nacional tardó en reaccionar ayer ante la decisión de los vecinos de Gualeguaychú de reponer este fin de semana los bloqueos en el puente que une esa ciudad con la uruguaya Fray Bentos, en rechazo al borrador del informe del Banco Mundial que avala la instalación de las papeleras sobre el río Uruguay. En rigor, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, realizó una tibia interpretación del escenario al pedir «prudencia» y «cautela» hasta tanto se confirme el contenido del informe de impacto ambiental encargado por la Corporación Financiera Internacional, que se conocerá oficialmente hoy.
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«Vamos a estudiar bien con el Presidente cómo es el tema porque aparentemente obedece a un estudio de impacto ambiental, que en una cosa bastante confusa de un borrador que se conoció días atrás», sostuvo Fernández.
Más directa que el jefe de Gabinete, la fiscal de Estado de Entre Ríos, Claudia Myzawak, una de las funcionarias que integra el equipo de la Cancillería que lleva adelante la demanda ante La Haya, aseguró que la vuelta de los cortes perjudica las chances del país en ese ámbito.
Traslado de responsabilidad
El desconcierto del jefe de ministros tuvo su correlato en la figura de la titular de la Secretaría de Ambiente, Romina Picolotti, que evitó realizar cualquier tipo de declaración o interpretación sobre las consecuencias de la medida de fuerza para la estrategia judicial que ella misma encabezó en la Corte Internacional de La Haya. Sólo anticipó su postura enviando una carta al presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, haciéndolo responsable por los nuevos cortes ya que, a su modo de ver, «el banco incurrió en una negligencia al publicar el informe, porque conoce la tensión entre la Argentina y Uruguay».
Por la mañana, incluso, la ex abogada de la asamblea de Gualeguaychú se reunió con Fernández y allí acordaron mantener por ahora una actitud pasiva frente al nuevo estallido social de Entre Ríos. También negaron que el gobierno nacional planee instrumentar algún tipo de acción para evitar el bloqueo, que se extenderá desde mañana a las 14 hasta el domingo a las 18, en coincidencia con el fin de semana largo.
Palabra ajena
Con todo, en Gualeguaychú la palabra «cautela» resulta ajena al clima social que se vive hoy en esta ciudad pionera en la lucha contra la instalación de las papeleras contaminantes en Fray Bentos.
«A nosotros nadie nos llamó desde el gobierno nacional, ni Picolotti, ni Fernández, y mucho menos el Presidente, que todos recordamos que vino aquí en mayo para reivindicar la lucha social contra la contaminación», coincidieron los dirigentes ambientales que protagonizaron la multitudinaria asamblea del martes, donde se resolvió volver a cortar la ruta 136.
-¿Qué pasaría si el gobierno nacional envía a la Gendarmería para despejar la ruta?, preguntó este diario al ambientalista Gustavo Rivollier.
-Van a generar el efecto inverso, porque si hay 10 mil cortando la ruta y llegan los gendarmes entonces vendrán 20 mil vecinos a respaldar el corte. Gualeguaychú está dispuesta a resistir.
-¿Hay alguna posibilidad de que den marcha atrás con la medida de fuerza?
-Ninguna. El corte es un hecho. La decisión ya está tomada.
La convulsión también agitó ayer al gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez, que a través de distintos funcionarios pidió al gobierno argentino que tome medidas para evitar los bloqueos.
Además el gobierno oriental puso en duda la legitimidad del reclamo social a través de su ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica: «Hay intereses económicos y turísticos detrás de la medida para tratar de que los argentinos no vengan en verano a Uruguay», desafió.
Ayer las autoridades turísticas de esa país anunciaron que lanzarán una campaña de promoción de sus destinos en el sur de Brasil para tratar de compensar la caída en el ingreso de visitantes argentinos debido al conflicto binacional. Los brasileños son en porcentaje el segundo grupo más importante de turistas que anualmente llegan a Uruguay, aunque muy por debajo en comparación con los argentinos.
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