El juez federal de Rawson ampliará la lista de marinos citados a declarar en la causa que se abrió por presunto espionaje a políticos en la base aeronaval Almirante Zar. El juez Hugo Sastre analiza el pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -querellante- para indagar a las autoridades de toda la cadena de mandos que a partir de 2003 prestaron servicio en el área de inteligencia de la Armada y en destinos de la fuerza (Comando de Aviación Naval y de Operaciones Navales) que habrían compartido la información secreta.
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La investigación en curso aún no definió el criterio a seguir: si el espionaje ilegal tuvo origen en la oficina de Trelew -un hecho aislado- o, en cambio, respondió a una directiva del máximo nivel de la Armada, que ejecutó toda la estructura de inteligencia de la fuerza. La intención del CELS (ONG que domina Horacio Verbitsky), basada en firmas de altas autoridades navales que se registran en archivos que copió y envió por mail el cabo arrepentido Carlos Alegre a su patrocinador legal, es involucrar a la totalidad de los mandos navales que ejercieron funciones directivas en la inteligencia de la fuerza y en dos comandos, el de Aviación Naval y el de Operaciones Navales.
La base Zar depende del Comando de la Aviación Naval y a su vez está subordinado al Comando de Operaciones Navales. Ambos tienen una relación funcional con la actividad de inteligencia que emana de la Dirección de Inteligencia de la Armada, ubicada en el edificio Libertad, órgano asesor del Estado Mayor de la fuerza. Aviación Naval y Operaciones Navales aparecen en varios archivos que se obtuvieron de las pericias informáticas que efectuó el juez Sastre, son receptores de información clasificada de «estrictamente secreto y confidencial». No fueron los únicos corresponsales privilegiados que usaron la presunta información ilegal.
Contactos
Hay datos en el disco duro de uno de los ordenadores sobre contactos con «la comunidad informativa» local, reuniones de los marinos con representantes de otros servicios de inteligencia: SIDE, policía provincial de Chubut y fuerzas de seguridad para intercambio de información. El archivo con extensión «Access» presenta el cuadro con nombres y teléfonos de cada uno de los miembros de la comunidad y hasta habría documentos «.jpg», fotografías de cada uno de ellos tomadas en reuniones sociales. ¿Habrán colaborado en la obtención de los secretos, o quizá en el aprovechamiento de la información? Siempre se fantasea con la solidaridad corporativa de esas estructuras que tras bambalinas auscultan la vida pública. ¿Será por eso que el fiscal Federico Gelvez se opuso a la pericia que desnudaba la existencia del archivo sobre comunidad informativa? Esa pesquisa abría un interrogante que crispa los nervios y nadie quiere oír: ¿quién daba las OR (en la jerga de los espías, orden de reunión de información) y seleccionaba los blancos a seguir? Resulta poco creíble que tan sólo 5 marinos del destacamento de Zar fueron capaces de operaciones de seguimiento, filmaciones y explotación de prensa a casi todo el arco político de la provincia, incluidas autoridades nacionales.
La curiosidad por los archivos informáticos también tentó al Ministerio de Defensa, a punto tal que cuando se destapó el escándalo de Zar, Nilda Garré envió al técnico en seguridad informática Héctor Muller a Trelew, en un avión Beechcraft B-200 de la Armada, en búsqueda de rastros sobre listas de desaparecidos. Más expeditivo, el secretario de Asuntos Militares José Vásquez Ocampo había presionado al subjefe naval, Benito Rótolo -a cargo del sumario militar que terminó con sanciones disciplinarias a los involucrados en el espionaje- para que abriera archivos de la Dirección de Inteligencia con el mismo propósito. Claro, el hallazgo hubiera dado un giro más apropiado al clima pre aniversario del golpe del 76 que animaba en esos días. La causa se inició días antes del 30º aniversario del 24 de marzo, basada en informaciones y archivos extraídos de manera subrepticia por el marino arrepentido Carlos Alegre, quien formaba parte del destacamento de inteligencia de la base.
La obtención ilegal de la prueba por partedel cabo naval Alegre fue la base de una nulidad conocida en el ambiente jurídico como «fruto del árbol envenenado», que interpuso el defensor del capitán de navío Jorge Janiot, imputado en la causa. El letrado plantea la nulidad del proceso que lleva adelante Sastre argumentando que es inadmisible que la Justicia se aproveche de un acto ilícito -la apropiación ilegal de las pruebas realizada por el cabo Alegre- con el objeto de restablecer el orden y la paz social.
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema que en esencia dice que no es posible que el Estado en la averiguación de un ilícito puede valerse, beneficiándose, de una prueba ilegal. Testimonios de marinos de la oficina de inteligencia de Trelew dieron cuenta de que el arrepentido Alegre -estudiante de Derecho- obtuvo cuantiosa información secreta a espaldas de sus superiores y que la giró por correo electrónico al CELS. Ese comportamiento generó una denuncia por violación de secretos militares que planteó el suboficial Vicente Rossi, encargado de la oficina de Zar, que fue desechada por el juez y ahora está a consideración de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
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