El fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido intentó detener ayer la polémica que generaron sus críticas a la resolución adoptada por su jefe, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, de delimitar las facultades de la Fiscalía que está a su cargo, encargada de investigar delitos en la función pública nacional. Desde que se conoció la noticia, la oposición calificó la medida como una «garantía de impunidad», por las presiones del gobierno sobre el fiscal. También se discute en el Congreso la posibilidad de iniciar un proceso contra Righi. Toda la oposición se pegó a Garrido, pero ahora Garrido no sabe cómo despegarse de ella.
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«Yo nunca dije que Righi había recortado las funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), sólo dije que había hecho la interpretación más restrictiva de la ley», aclaró rápidamente Garrido frente a la pregunta por la respuesta de su jefe a sus declaraciones, y agregó, como para que no queden dudas: «Yo voy a acatar las decisiones del procurador. Righi actuó legítimamente, el problema es la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP)».
Ayer se conoció un comunicado del procurador general en el cual se explican las causas de la Resolución N° 147/08. Righi recordó las atribuciones de la fiscalía «siguiendo estrictamente lo estipulado en la ley» y dijo no haber modificadoel carácter de «fiscalía anticorrupción» de la FIA, ya que «nadie puede desplazar o dar instrucciones particulares a los fiscales titulares». Según lo dispuesto por Righi, la fiscalía no podrá intervenir en causas que no se hayan iniciado por su denuncia y dependerá del fiscal del caso en las que ya ha comenzado, decisión que fue duramente criticada por Garrido en diferentes medios.
Tormenta
Righi afirmó en la notificación que la resolución «ni limita ni recorta atribuciones de la FIA, ni puede paralizar el avance de causas en trámite». Agregó que lo único que hacía era poner fin a una « situación inadmisible», ocasionada por una « interpretación antojadiza» de la LOMP.
Este «desencuentro comunicativo» entre la procuraduría y la FIA desató una tormenta de declaraciones, ya que el « recorte» de atribuciones fue lo que el fiscal de Investigaciones Administrativas salió a criticar de la resolución que, como los dos reconocen ahora, el propio Garrido había pedido a la Procuración para evitar las discrepancias entre la fiscalía y los demás fiscales.
No es para menos el revuelo; entre las causas más importantes impulsadas por Garrido desde la fiscalía se encuentran la acusación de presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente Néstor Kirchner; la denuncia por presuntas irregularidades en la imposición de la publicidad oficial; el caso Skanska, la investigación sobre el manejo de índices en el INDEC y la vinculación con el secretario de Comercio, Guillermo Moreno; y sobre obras en transporte público. Su área de injerencia siempre es tema caliente.
Garrido había subrayado que, tal como se iba a aplicar la medida de Righi, la ley no satisfacía «los estándares de la convención de la ONU sobre corrupción» y que era el Congreso el que tenía que evaluar «si esta es la forma adecuada de perseguir la corrupción». En este último punto, tanto Garrido como Righi coinciden: el procurador afirma que era posible reconsiderar la ubicación institucional de la Fiscalía, pero que «para convertir a la fiscalía en algo distinto de lo que es, debe hacerlo el Poder Legislativo y no el procurador general». Ahora, le tocará al Congreso expedirse sobre el tema, y la bancada radical no pierde tiempo.
Oscar Aguad, titular del bloque radical en Diputados, anunció que su partido exigirá esta semana que el Poder Legislativo conforme la Comisión Bicameral del Ministerio Público Fiscal, encargada del seguimiento del procurador general de la Nación, que nunca ha sido creada si bien está indicado por la LOMP. De hecho, la comisión ya tiene su primera tarea asignada: pedir explicaciones a Righi por la resolución sobre la FIA.
Aguad calificó de « atropello» la decisión del procurador general y señaló que la considera una «norma horrorosa en la anormalidad», ya que nunca se terminó de poner en práctica lo que exige la LOMP, que es que haya una comisión legislativa que controle a este funcionario «que depende en definitiva del Congreso». El diputado agregó que esta semana iba a ser una prioridad formar la comisión y citar a Righi, «para pedirle explicaciones y analizar su conducta».
Juicio político
Además, Aguad señaló que, de encontrarse insuficientes las argumentaciones del procurador general, incluso había posibilidades de iniciar un proceso de juicio político, ya que consideraba de «extrema gravedad institucional» la resolución adoptada.
Frente a este panorama, las reacciones de los dos organismos en cuestión se esfuerzan por calmar las aguas. En la Procuración General, el anuncio no parece alarmarlos; es más, apoyan la conformación de la comisión y se muestran dispuestos a presentarse ante el Congreso para dar explicaciones por la medida que defienden.
El que se muestra algo más intranquilo es el fiscal de Investigaciones Administrativas, quien ahora subraya una y otra vez que Righi «actuó legítimamente», y se muestra muy cauteloso, en especial con respecto a las posibilidades de juicio político. Garrido lo descartó de plano, insistió en que el problema era la ley y destacó: «El Congreso tiene que modificar la ley, no perseguir a Righi. Esto no es una pelea contra él».
Además, el fiscal descartó que la resolución adoptada por el procurador se haya debido a la denuncia por « malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público» que Garrido realizó contra Amado Boudou, director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), como se dijo en varios medios durante el fin de semana, que ese caso «fue hace mucho tiempo y no tiene nada que ver».
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