El fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió que se siga investigando al dirigente piquetero Luis D´Elía y que se deje sin efecto una resolución que declaró prescripta una causa en su contra por haber ocupado una comisaría en el barrio porteño de La Boca, el 26 de junio de 2004.
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Con un "recurso de casación" contra el fallo de la Cámara Federal que decretó la prescripción de la causa, el fiscal consideró que "el poder público no puede dejar de sancionar a los funcionarios que se apropian del aura de legitimidad que protege a la expresión `protesta social` para satisfacer intereses particulares ni a los que, funcionales a su accionar delictivo, desobedecen las ordenes judiciales de restablecer el orden quebrado por el ilícito".
"Aquí había una dependencia policial, invadida y destrozada por un grupo de personas conducidas por un funcionario público que, además, reivindicó públicamente el hecho, declaró jactanciosamente su satisfacción por haberlo perpetrado y proclamó su disposición a reiterar su comisión en el futuro", sostuvo el funcionario en su escrito.
Moldes aclaró que no se busca "criminalizar la protesta" sino que "hasta aquellos autores mejor predispuestos a la tolerancia a ultranza de las consecuencias de la protesta social en las sociedades contemporáneas, se ven obligados a reconocer los inevitables límites del fenómeno".
"No pueden caber aquí dudas de ninguna índole: los hechos que se encuestan en este legajo no tienen nada que ver con la protesta social", puesto que "aquí no hay trabajadores que reclaman salarios impagos, huelguistas que reivindican mejores condiciones laborales, cesantes que exigen reincorporación, contribuyentes que demandan por la deficiencia de un servicio público o vecinos que reprueban una instalación contaminante".
El fiscal recalcó que los atacantes de la comisaría "se vieron favorecidos por la complicidad que supuso la irregular actuación" de las altas esferas de la Secretaría de Seguridad, entonces a cargo de Norberto Quantín y José Campagnoli, "quienes sustituyeron ilegalmente a la jueza actuante para ceder a la extorsión de la turba".
Esa situación generó "un cóctel de cólera, extorsión y cobardía que no podía tener otro corolario que la más absoluta impunidad. Al calor de la inacción oficial germinó la flor envenenada de la violencia", sostuvo.
Sobre D´Elía, el fiscal aseguró que "la supuesta protesta la encabezó un funcionario público, quien debía encarnar en ese momento la instancia de mediación entre los ciudadanos y el Estado. Aquel ejercicio del derecho a que se reconozcan derechos se transformó en el uso personal del cargo público para diseñar y materializar los destrozos en una dependencia administrativa del Estado".
El 29 de junio pasado, la Sala I de la Cámara Federal declaró "la extinción por prescripción de la acción penal, sobreseyendo en consecuencia" a D`Elia y los manifestantes Angel "Lito" Borello y Luis Alberto Bordón.
"Aquí hay una bárbara y salvaje agresión por parte de quienes -tal vez- estaban en las mejores condiciones de aportar factores de convicción a las autoridades legítimas que debían investigar el homicidio de (el dirigente social Martín `el Oso`) Cisneros", concluyó el fiscal a pedir que Casación ordene proseguir con la investigación.
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