Otro de los motivos que tienen festejar fue la desactivación del reclamado paro nacional de la CGT a cambio de los fondos para las obras sociales.
Mauricio Macri compartió en la Quinta de Olivos un brindis de fin de año con representantes de distintos sindicatos. Del encuentro participó la cúpula de la CGT integrada por Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, además de José Luis Lingieri, Antonio Caló y Andrés Rodríguez, entre otros.
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Por el Gobierno asistieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien suspendió una conferencia de prensa que había anunciado, sin que se dieran a conocer los motivos. La recepción tuvo lugar en el quincho de la quinta presidencial, donde además acompañaron a Macri el secretario general de la presidencia, Fernando De Andreis, y el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor.
Si bien se había anunciado oficialmente una conferencia de prensa posterior con el ministro Triaca, la misma fue suspendida sin que hasta el momento se dieran a conocer los motivos.
Este no fue el único encuentro que el presidente encabezó con líderes sindicales ya que, durante la última semana mantuvo una reunión con el líder camionero y ex secretario General de la CGT, Hugo Moyano.
El brindis se dio luego de las reuniones entre el Gobierno y el sindicalismo que permitieron la modificación del impuesto a las Ganancias. Por el gobierno nacional también estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el coordinador del gabinete económico, Mario Quintana; y el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor.
En Diputados, la iniciativa fue sancionada por 167 votos aportados por Cambiemos, el Frente Renovador, Progresistas, el bloque Justicialista, Movimiento Evita, el Frente Cívico de Santiago del Estero, y Junto por la Argentina. El Frente para la Victoria se ausentó de la sesión porque quería que se debatiera primero su dictamen de minoría, solicitud que no está contemplada en el reglamento, aunque se quedaron en el recinto el presidente del PJ, José Luis Gioja, y sus pares Ramón Tovares, Sandra Castro, y la tucumana Virginia Gallardo.
El proyecto mantiene las deducciones por hijo, cónyuge, padres y empleada doméstica, al tiempo que permite descargar horas extra, feriados y viáticos hasta un 40%, aunque, en el caso del transporte no se pondrán límites, y un 40% los alquileres de vivienda, con un tope de $ 51.000.
Entre sus puntos centrales, el mínimo no imponible subirá un 23%, ascendiendo hasta $ 37.000 brutos para casados con dos hijos, y a 27.941 pesos brutos para solteros: este piso será actualizado de manera automática en base al índice RIPTE. También establece que los jueces o empleados que ingresen en el Poder Judicial pagarán ganancias y en el caso de los jubilados lo harán cuando su haber supere los $ 30.000 mensuales.
El costo fiscal de la reforma de la cuarta categoría será de unos $ 50.000 millones, de los cuales $ 27.000 millones están incluidos en el Presupuesto, y el resto se compensará con impuestos al juego y aumento del consumo. Los $ 6.000 millones de coparticipación que aportarán las provincias se compensará con el 2% destinado a Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El por máquinas fue reemplazado por un incremento a las ganancias de los juegos de azar de 35% al 41,5% y se estableció que los juegos de azar pagarán 0,75% por apuesta y los online un 2,5%.
Otro de los motivos que tienen festejar fue la desactivación del reclamado paro nacional de la CGT a cambio de los fondos para las obras sociales. En agosto pasado Ámbito Financiero reveló un acuerdo con el Gobierno para concretar la mayor cesión financiera a las obras sociales de los sindicatos. El fruto de ese otro pacto fue la tregua en un contexto de crecientes amenazas de medidas de fuerza y de reapertura de paritarias, que promocionaron sin éxito las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli.
Sobre la base de una deuda reclamada por los gremialistas por más de $ 30.000 millones, el plan incluyó un decreto de necesidad y urgencia que creó tres instrumentos financieros por $ 27.500 millones; una decisión administrativa que habilitará el pago más inmediato a las obras sociales, y un cambio en la cobertura médica para discapacitados que les permitirá a las entidades de los sindicatos un alivio por $ 2.500 millones.
Ese pacto de mitad de año implicó un pago inmediato de $2.700 millones y unos $ 8.000 millones que los dirigentes reclamaban como propios para un fideicomiso que finalmente creó el "Plan Universal de Salud".
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