Bajo custodia policial, los galpones ferroviarios continuaban ayer ocupados por una veintena
de familias de la villa de Retiro.
El gobierno prometió desalojar por la fuerza a unas veinticinco familias que ayer ocuparon galpones ferroviarios de la zona de Retiro, con lo que Néstor Kirchner cambiaría su política frente a la usurpación ilegal de edificios y tierras del Estado.
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Se trata del tercer incidente de similares características que se produce en la Capital en los últimos 45 días. En tanto, anoche, la Policía Federal custodiaba el lugar para evitar otras intrusiones y, posiblemente, ejecutar el desalojo de los galpones.
A principios de julio y de agosto, respectivamente, dos conflictos se registraron en el Bajo Flores, en un complejo de viviendas populares. Ayer la tensión se mudó a Retiro con lo que, a diferencia de los casos anteriores, el incidente se registra en terrenos federales.
Los galpones que fueron copados se encuentran ubicados en la llamada Villa 31-Bis, detrás de la Terminal de Omnibus de Retiro. Anoche, en el gobierno evaluaban ordenar el desalojo. «No es gente necesitada, sino que son vivos que quieren hacer negocios», dijo un funcionario.
Anoche, desde el ONABE --organismo encargado de administrarlos bienes fiscales-, que conduce Fernando Suárez, se seguía con atención el incidente. Pero esos galpones los gestionan concesionarios de los trenes y no están bajo control del Estado, más allá de que éste es su propietario último.
Las familias que ocuparon los galpones denunciaron, en tanto, a un «puntero político», que identificaron como Raúl Castro, como el responsable de decirles que se instalen en esos lugares.
Trama compleja
Hay, detrás, una trama compleja que parece vincular los distintos hechos de similares características que se registraron en el último tiempo: en julio y agosto en Bajo Flores, ayer en Retiro. Dos meses atrás, en la Villa 31 de ese barrio.
Tanto en la Villa 31 como en la 31-Bis, según sostienen en el gobierno, hay grupos que alquilan «casillas» a familias que necesitan un lugar para vivir. El costo, se explicó, ronda los 200 pesos por mes.
La presunción es que la usurpación de los galpones tuvo ese objetivo: instalar a familias para luego construir allí casillas para, a su vez -siempre de acuerdo con la visión que hacen en el gobierno-luego alquilarlas. «Casi como un negocio inmobiliario», se señaló.
Las familias apuntaron contra Castro, a quien acusaron de echarlos de las viviendas precarias que habitaban y, además, le imputaron haberse quedado con materiales de construcción que el Gobierno porteño les había enviado a los vecinos para mejorar las casillas.
Castro se defendió: dijo que los depósitos ocupados son manejados por la Fundación Música Esperanza, que dirige el pianista Miguel Angel Estrella, y aseguró que es « delegado» del barrio, cargo que ganó en elecciones «que se hacen cada tres años para elegir a delegados y a la comisión de vecinos».
Acusación
Además, negó una acusación según la cual le había alquilado uno de los galpones a una Iglesia Evangelista, y echado posteriormente al pastor porque éste no le pagaba la renta estipulada. «¿Cómo le voy a cobrar un alquiler a Dios?», se defendió el acusado.
Por radio, a la mañana, el titular del ONABE hizo una observación preocupante: dijo que durante el último Mundial de Fútbol -cuando la atención del público y de las autoridades estaba distraída-, se produjeron varias usurpaciones y señaló, como caso, a intrusiones a las orillas de la avenida Del Libertador.
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