Cerró el primer convenio con Nación Leasing para la compra de autos de flota con el que busca ahorra $76 millones. En un mes los ministerios sólo podrán comprar pasajes por la agencia de Aerolíneas y en 90 días se conoce qué empresa brindará el servicio de celulares al Estado.
Con la firma del primer convenio para alquiler de autos con opción a compra, el Ejecutivo avanza con el programa tendiente a transparentar las contrataciones del Estado anunciado a mediados del año pasado por la presidente Cristina de Kirchner.
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Ayer el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega, firmaron un leasing destinado a cambiar la flota de autos de esa dependencia. Esta primera compra es de 11 automóviles Sedan, 2 minibuses y dos camionetas utilitarias.
Hoy la flota del Estado es de 14.300 vehículos. Según supo ámbito.com, se estima que este año se avanzará con la renovación de unas 350 unidades de distintos ministerios y dependencias y con este nuevo sistema se calcula un ahorro de $ 76 millones.
Abal Medina destacó los beneficios que aporta este nuevo sistema y afirmó que el acuerdo "significa un paso más en la construcción de un Estado más transparente y eficiente, que busca la manera de gestionar mejor los recursos de todos los argentinos, tal cual nos indicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al poner en marcha este programa".
El convenio se enmarca en el decreto 1.182/2012 que, entre otras medidas, impone la centralización de los viajes de funcionarios en Aerolíneas Argentinas y Austral. Precisamente se estima que en un mes los ministerios deberán realizar las compras de viajes únicamente mediante la operadora de viajes OPTAR, perteneciente a Aerolíneas Argentinas. Tras la publicación de la norma, los funcionarios comenzaron a comprar pasajes para viajes por la aerolínea de bandera, pero desde unos días deberán hacerlo exclusivamente vía OPTAR y no podrán intervenir otras casas de turismo. Es más si el destino no es operado por Aerolíneas o la alianza Sky Team, también deberán hacerlo por la agencia de viajes estatal.
Otro de los puntos centrales del programa es la migración de las cuentas sueldo de los empleados del Estados hacia cajas de ahorro del Banco Nación. Hasta hace unos meses varios bancos operaban como ventanilla de pago del Estado. Por ejemplo las Fuerzas Armadas cobraban en el Banco Patagonia, perteneciente al Banco Do Brasil.
Desde la entrada en vigencia de la norma, se migraron unas 336.000 cuentas de 93 organismos públicos y se estima que durante este año se abrirán otras 131.000 para migrar a otros 11 organismos hacia el banco estatal.
Otra de las medidas tomadas fue la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Una de las funciones de la agencia fue reacondicionar y reacomodar a diferentes dependencias en los edificios estatales. Desde su aplicación, se refuncionalizaron unos 90.000 metros cuadrados lo que permite un ahorro en compras y alquileres por unos $ 70 millones.
Otra novedad es que en los próximos 90 días quedará definido quién es el nuevo proveedor del Estado en telefonía celular. Oportunamente, el decreto justificó el llamado a licitación para todas las líneas argumentando que "la contratación de los servicios de telefonía celular móvil, radio y transferencia de datos en forma individual, no planificada o reactiva, resulta antieconómica e ineficiente para la Administración Pública Nacional". En este momento las principales empresas del país están pujando por el negocio, aunque sin competencia estatal ya que no hay empresas gubernamentales que brinden este servicio.
También se avanzó sobre la norma que toma como proveedor único de combustibles a YPF, aunque esta medida ya se venía implementando en la mayoría de los ministerios.
"La idea es avanzar en un Estado inteligente que apunte a fortalecer sus capacidades. Si tenemos un aerolínea de bandera en la que el Estado invierte recursos año a año, es lógico que el proveedor del Estado sea la empresa pública", resaltó Facundo Nejamkis, Secretario de Gabinete y Coordinación Administrativa, de quien depende la implementación del programa.
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