Los organismos internacionales que vigilan las operaciones sospechosas sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo han comenzando a observar con cierta preocupación la reciente reforma a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Advierten que la reestructuración aprobada por el Congreso argentino le permite al gobierno tomar el control político de un organismo que originariamente fue concebido para ser dirigido por un cuerpo colegiado y no por autoridades designadas por el Poder Ejecutivo.
Sobre esta cuestión puso su nota el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que consideró que la modificación de la UIF no contempla una estructura orgánica que permita asegurar la constitución y el desempeño de una entidad independiente y autárquica tal como lo exigen las sugerencias internacionales en la materia, como el Grupo Egmont de Unidades de Información Financiera.
Nuevo cargo
La reestructuración de la UIF -cuyo funcionamiento estuvo paralizado varios meses- fue defendida por la oficialista Vilma Ibarra y aprobada por el Senado hace 15 días. El nuevo esquema crea el cargo de presidente y le otorga un amplio poder de decisión sin depender necesariamente del consejo asesor. El gobierno asegura que la designación de ese presidente y vice será previa audiencia pública en un sistema igual al que rige para designar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Pero se sabe que esa experiencia no fue buena, sólo simbólica. Las objeciones que se presentaron -en especial, sobre los jueces Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay- nunca fueron tenidas en cuenta por la administración Kirchner, y los pliegos de ambos postulados fueron aprobados automáticamente por el Senado.
Además, la reestructuración no contempla que los directores de la unidad sean nombrados por concurso como lo exige la Ley 25.246 y que sean técnicos. Por el contrario, prevé que esa mesa directiva esté integrada por nueve miembros no necesariamente técnicos.
Según esa disposición, el consejo asesor quedará compuesto por hombres designados en su mayoría por el Ejecutivo porque habrá representantes del Banco Central, AFIP, la Comisión de Valores, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, el Ministeriode Economía, el de Justicia y el del Interior.
La modificación de la conducción atenta, además, contra las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que exige que un organismo de control de operaciones de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo debe ser autárquico e independiente de las decisiones del poder político.
Cuestionable
Precisamente, el Colegio de Abogados de la Ciudad considera «cuestionable» que la UIF continúe desempeñando su función dentro de la órbita del Ejecutivo, cuando «para preservar su indispensable independencia» debió haberse aprovechado su reorganización para insertarlo como parte del Ministerio Público o del Poder Judicial, o de un organismo autárquico como podría ser el Banco Central.
Los abogados destacan que la ley aprobada, además del amplio margen de maniobra e iniciativa que le da al Presidente (que puede ser designado y removido por el Ejecutivo), le reconoce a la UIF la potestad de «derribar el secreto profesional, bancario y bursátil, de modo que ante el mero requerimiento fundado de esta unidad se podrá exigir a personas físicas o jurídicas cualquier información sin que se le pueda oponer el deber de guardar secreto».
Dejá tu comentario