El Gobierno otorgó más fondos a las obras sociales al aumentar 30% el piso mínimo automático de aportes que reciben a través del Fondo Solidario de Redistribución, con el fin de cubrir desajustes en los servicios de prestación médica y garantizar la atención de los empleados que poseen salarios más bajos.
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A través del decreto 488/11, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo incrementó el Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO), que distribuye el Fondo Solidario, destinado a cubrir desajustes que existen en los gremios que agrupan a afiliados de sueldos más bajos, como por ejemplo las empleadas domésticas. "El mencionado subsidio deberá cubrir la diferencia entre el total de aportes y contribuciones de cada individuo titular del grupo familiar y los valores definidos en la matriz", reza la norma.
De esta forma se les garantiza a las más de 300 obras sociales un valor mínimo de aportes por afiliado para cubrir las prestaciones médicas y del costo del programa médico obligatorio para todo el grupo familiar.
El texto de la norma explica: "Que la mejora en los niveles de recaudación, la fiscalización de los aportes y contribuciones y la política firme del Gobierno Nacional dirigida a garantizar el cumplimiento de los fines solidarios que inspiran el establecimiento de un Sistema Nacional del Seguro de Salud".
La última actualización de los aportes mínimos ocurrió en marzo de 2010. La anterior había sido en 2008, firmada por la entonces ministra de Salud Graciela Ocaña, medida que fue festejada por el sindicalismo.
El nuevo incremento, que se justifica en el aumento de los salarios por las paritarias, representa una mejora para las obras sociales de una cifra que rondaría los $ 300 millones. Con la suba, las escala del subsidio queda de la siguiente forma: hasta los 14 años pasa de $ 36 a $ 47; de $ 57 a $ 74 para afiliados de 15 a 49 años; de $ 67 a $ 87 para personas de entre 50 y 64 años; y de $ 148 a $ 192 para mayores de 65.
El Fondo Solidario, por su parte, se nutre de los aportes de los afiliados. Una fracción de esos recursos se gira a la APE, el organismo que redistribuye recursos para cubrir gastos en los medicamentos en tratamientos de alta complejidad y que se encuentra en el ojo de la Justicia tras detectarse una presunta red de estafas con reintegros, y otra para garantizar el piso del SANO. Si tras el reparto quedara un remanente, el mismo se distribuye entre las obras sociales.
La actualización de los aportes representa un nuevo guiño al sindicalismo que maneja fondos millonarios en las cajas de sus obras sociales. Sin embargo, la CGT de Hugo Moyano aún reclama una deuda de cerca de $ 9.000 millones que asegura que el Gobierno mantiene con las mutuales gremiales. Hasta ahora liberó apenas una tercera parte de los $ 1.000 millones que se comprometió a pagar este año.
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