Un gobierno abierto presente, transparente, inclusivo y federal implica configurar un marco de gobernanza pública y una arquitectura estatal participativa y transparente que permitan promover sociedades igualitarias e instituciones eficaces que rindan cuentas.
El federalismo es una prioridad para el Gobierno nacional, tal como lo afirmó el presidente Alberto Fernández en campaña electoral y sostiene desde que comenzó su mandato. Pero esto, lejos de ser sólo una declaración de intenciones, es una concepción que impregna el diseño y la implementación de todas sus políticas públicas. Este año, la pandemia del covid-19 demostró la importancia de trabajar de manera articulada entre todos los actores de la sociedad a lo largo y ancho del país con el objetivo de aunar esfuerzos para revertir las desigualdades económicas y sociales. En este contexto, contribuir al desarrollo local a través del fortalecimiento de un Estado con todos y todas es un imperativo crítico.
A nuestro criterio, entender al gobierno abierto como un medio -y no un fin en sí mismo- es vital para el desarrollo inclusivo y federal. Por ejemplo, la implementación de sistemas de consulta pública en línea, el desarrollo de servicios digitales construidos desde la escucha a la ciudadanía, la apertura de datos públicos como insumo para la toma de decisiones y la incorporación de instancias participativas en la gestión pública permiten a los gobiernos alcanzar políticas efectivas centradas en las necesidades reales de las personas, que mejoren su calidad de vida. El desafío consiste entonces en adoptar este tipo de herramientas en los procesos de política pública a nivel federal. Esto implica necesariamente gobiernos locales abiertos y transparentes que cuenten con mecanismos sólidos para involucrar activamente a la ciudadanía.
Las tendencias de gobierno abierto a nivel federal no son nuevas. Desde hace décadas somos testigos de experiencias de presupuesto participativo, audiencias públicas, canales de diálogo virtual y portales web con información sustantiva sobre la gestión local y provincial. Bajo otros nombres, hemos visto materializarse los valores del gobierno abierto en los distintos rincones del país, a la par que se han ido incrementando las demandas ciudadanas por un gobierno transparente, cercano y que rinda cuentas. De acuerdo a un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en Argentina, hacia 2019 los gobiernos provinciales mostraban avances en la implementación de prácticas de transparencia por sobre aquellas de rendición de cuentas y participación ciudadana. Más allá de los consensos generales sobre el valor implícito de un Estado abierto, lamentablemente hoy podemos afirmar que existe un desarrollo dispar de herramientas y principios de gobierno abierto en las políticas públicas a nivel federal: hay municipios y provincias con trayectorias reconocidas en materia de transparencia y participación ciudadana y otros en los cuales las experiencias son incipientes o bien inexistentes.
Por eso emprendimos un trabajo articulado con gobiernos municipales y provinciales, para entender los factores subyacentes a esos desarrollos desiguales, indagar en las visiones de gobierno abierto, conocer los desafíos en la implementación de estas políticas y los incentivos para llevarlas adelante.
Junto a mi equipo en la Secretaría de Innovación Pública -que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros que encabeza Santiago Cafiero- y el del Ministerio del Interior estamos diseñando de forma participativa el Programa Federal de Gobierno Abierto, un compromiso asumido por el Gobierno nacional en el marco del Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto (2019-2022) presentado ante la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), organización global a la que Argentina se sumó en 2012 y que tuvo el honor de copresidir hasta octubre de este año.
Para ello, abordamos un proceso participativo y secuencial en el que entrevistamos a referentes de gobiernos provinciales, municipales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas para conocer en primera persona los desafíos en la materia, y en base a eso construimos una encuesta que cubrió el 96% del territorio nacional. Con estos insumos diseñamos una primera aproximación al formato del Programa, que publicaremos para comentarios y aportes de la ciudadanía en la plataforma de consulta pública.
Con este Programa buscamos ampliar la comunidad, salir de los espacios comunes, sumar actores que hace tiempo impulsan esta agenda pero no se sienten interpelados por el movimiento de gobierno abierto.
Ya Martín Miguel de Güemes en el 1800 advirtió la necesidad de un régimen confederal que pudiese equiparar, o al menos bregar por la equidad en la organización del Estado. Hoy podemos ir por más conquistas federales -podemos citar como ejemplo, la reciente sanción de la Ley de Capitales Alternas- y para ello la agenda de gobierno abierto representa una oportunidad única: la de acercar el Estado a la ciudadanía y a sus necesidades, restaurar la confianza en el sistema político y fortalecer las instituciones de nuestra democracia.
Esta es nuestra convicción: un Estado federal, presente e inclusivo se hace con todos y todas. Y es un camino que ya empezamos a recorrer.
(*) Subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital de la Nación.
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