El juez federal Ariel Lijo desestimó la causa impulsada por Casa Militar contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, periodistas del canal TN, por presunto espionaje a raíz de una grabación realizada en Casa Rosada y difundida en el programa "¿Y mañana qué?". Por la denuncia, el Gobierno le quitó las acreditaciones a la prensa y cerró durante 10 días la Sala de Periodistas, en un hecho inédito para la democracia.
La Justicia afirmó que no hubo espionaje en Casa Rosada y desestimó la denuncia del Gobierno contra TN
El juez Ariel Lijo no hizo lugar a los planteos presentados por Casa Militar contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno. Por la denuncia, el Gobierno cerró durante diez días la Sala de Periodistas y retiró acreditaciones, en un hecho inédito.
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En el fallo, Ariel Lijo aseguró que las imágenes difundidas por TN "resultan, en su mayoría, ya conocidas por el público".
El fallo publicado este miércoles coincide con el dictamen firmado por el fiscal Gerardo Pollicita al señalar que “no se verifica en las grabaciones realizadas información alguna que permita siquiera presumir algún riesgo concreto o real a la seguridad de la Nación o de los funcionarios del Poder Ejecutivo que allí se desempeñan”.
Para Lijo las grabaciones "no generaron condiciones aptas para revelar secretos concernientes a la seguridad nacional o del normal funcionamiento de la Casa de Gobierno y/o a la actividad de sus funcionarios", como planteó el Gobierno, ni tampoco "la existencia de información clasificada que haya sido efectivamente descubierta y publicada sin autorización".
Por ese motivo, el juez dijo que "no se advierte la concurrencia de los elementos típicos exigidos por las normas invocadas" y aseguró que “los hechos investigados se encuentran fuera de la órbita del derecho penal”.
Qué dijo la Justicia sobre las imágenes difundidas por TN
En sintonía con Pollicita, afirmó también que no se verifica la presencia de “noticias, documentos, informaciones u objetos de orden político, social, militar o económico que deban permanecer secretos” ni que se hubieran revelado secretos que puedan afectar la defensa del Estado Nacional.
Los registros de Casa Rosada emitidos por el canal TN “resultan, en su mayoría, ya conocidos por el público en general a través de múltiples fuentes de acceso libre, tal como señaló el Fiscal Federal: la propia página oficial de la Presidencia de la Nación, plataformas audiovisuales de acceso irrestricto, e inclusive herramientas de geolocalización digital".
“Incluso, al visualizar el contenido de las grabaciones, no se observa en ellas sistemas de seguridad o vigilancia, actividades del personal de custodia o imágenes de áreas reservadas ni de despachos privados”, agregó el juez federal, motivo por el cual ordenó desestimar la denuncia y dispuso archivar la causa por inexistencia de delito.
Qué decía la denuncia de Casa Militar
La denuncia había sido presentada por el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, quien acusó a los periodistas de realizar “una grabación subrepticia” dentro de la sede del Poder Ejecutivo y advirtió que el contenido podía afectar la seguridad nacional.
Según el escrito, el cronista ingresó a la Casa Rosada con “lentes inteligentes” y recorrió “pasillos y despachos” mientras “identificaba con voz tenue las personalidades que allí se encontraban”.
Ibáñez también sostuvo que “el acceso a la sede del Poder Ejecutivo de la Nación y la exposición de sus detalles estructurales y logísticos podrían vulnerar la seguridad del país” y vinculó el episodio con el “contexto de tensión internacional” derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
El dictamen del fiscal Gerardo Pollicita
El dictamen de Pollicita, en el cual Lijo se basó para argumentar su fallo, indicó que el material difundido “no reviste la entidad requerida” para configurar delitos vinculados con la revelación de secretos políticos o militares. Si bien consideró que pudo haber existido una infracción administrativa, concluyó que “no se advierte en el caso la concurrencia de los elementos típicos exigidos” por el Código Penal.
Además, sostuvo que las imágenes emitidas en el programa “¿Y mañana qué?” no exhibieron “espacios secretos”, “cronogramas de reuniones”, “patrones de comportamiento del personal de seguridad”, sistemas de vigilancia ni movimientos del Presidente. Tras analizar el material crudo y el programa completo aportados por ARTEAR, Pollicita afirmó que “la actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia”.
El fiscal sostuvo que en las imágenes se observan principalmente “pasillos y espacios vacíos” y apenas “la presencia de algunas personas que circulan ocasionalmente por el lugar”, entre ellas “una mujer con saco rojo mirando su celular”, “un hombre con prendas oscuras caminando” y “algunos granaderos”.
El cierre de la Sala de Periodistas
A raíz de la denuncia de Casa Militar, el Gobierno le retiró las acreditaciones a los periodistas que desempeñaban tareas en Casa Rosada y dispuso el cierre de la Sala de Periodistas. La medida incluyó a las corresponsales de Ámbito, Liliana Franco y Cecilia Camarano, hecho por el cual este medio se presentó en la Justicia en busca de un amparo que de marcha atrás con la medida.
En ese marco, el presidente Javier Milei tildó a Geuna y Salerno de "basuras repugnantes" y acusó al 90% de los periodistas de beneficiarse con la pauta, en un nuevo agravio del libertario contra la prensa. A través de su cuenta, publicó un comentario a un tuit de otro usuario, cuyo posteo estaba acompañado de una imagen de ambos periodistas y en el que se planteaba una posible condena a prisión: "Ser corruptos, ensobrados y violar las leyes de seguridad no es gratis. Algún día las basuras inmundas periodistas (95%) tendrán que entender que no están por encima de la ley. Abusaron de la jurisprudencia. No es gratis. CIAO!".
En el interín, y mientras avanzaba en la Justicia la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde la Iglesia Católica hasta organizaciones civiles relacionadas al ejercicio de la prensa, pasando por representantes de la oposición y de bloques dialoguistas, exigieron al jefe de Estado que de marcha atrás con la restricción. Diez días después, el Poder Ejecutivo a cargo de Milei dispuso reabrir la sala y permitió la acreditación de periodistas.
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