En las próximas horas se confirmará que el fiscal federal Jorge Di Lello solicitará la elevación a juicio oral de la causa por las escuchas ilegales, donde Mauricio Macri está acusado de integrar una asociación ilícita destinada a "pinchar" teléfonos con ayuda del aparato estatal porteño.
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Fuentes judiciales revelaron a ámbito.com que el pedido de Di Lello está listo, a la espera de la firma. "Estamos trabajando en eso, cuando lo tengamos lo difundiremos", dijeron los voceros consultados. El documento será firmado este viernes y luego llegará a manos de Norberto Oyarbide. El juez, que cerró la etapa investigativa en mayo pasado, será quien finalmente ordene el enjuiciamiento al jefe de Gobierno, al espía Ciro Gerardo James, y al exjefe de la policía metropolitana, Jorge "Fino" Palacios, entre otros imputados.
Se estima que ese proceso comenzará a mediados de 2014, en la previa a la campaña presidencial 2015, que Macri dice que protagonizará, y no durante las legislativas de 2013. Por ley, la promoción oficial de candidatos se inicia 35 días antes del comicio. En 2011, arrancó el 18 de septiembre y finalizó el 21 de octubre, dos días antes de la votación. Sin embargo, aunque rige el artículo 64 bis del Código Nacional Electoral, la política doméstica no reconoce límites cuando de peleas por el poder se trata.
El jefe del PRO había quedado al borde del juicio oral en junio último, tras un fallo de la Sala III la Cámara de Casación Penal. El máximo tribunal penal del país no hizo lugar a una queja presentada por Macri contra una resolución que había confirmado su procesamiento en la causa por las intervenciones telefónicas irregulares. Esta sentencia fue la que destrabó el pedido de elevación a juicio que pronto saldrá a la luz.
En el banquillo de los acusados, también se sentarán Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas, Rubén Alberto Quintana, David Santiago Amaral, Antonio César Fernández, Mónica Elizabeth González, José Luis Rey y Mariano Narodowsky.
Macri está imputado como coautor de los delitos previstos en los artículos 153 incisos 2° y 4°, 210, 248 y 293 del Código Penal. Para los integrantes de la asociación ilícita la pena de prisión va de tres a diez años de prisión. Para los jefes u organizadores el mínimo arranca en cinco años de reclusión.
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