El gobierno de Irán dispuso la creación de una comisión judicial extraordinaria para el seguimiento de la causa por el ataque a la AMIA, luego del pedido de detención librado por la Justicia argentina contra ex funcionarios de ese país.
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La agencia oficial iraní «IRNA» citó al representante de la Fiscalía General de Estado de Irán, Abdel Samad Jorramabadi, a quien se le delegó el estudio del caso.
«Esta comisión estaría encargada de estudiar las actuaciones recientes de los Tribunales de la Argentina y las huecas acusaciones vertidas sobre el gobierno y autoridades oficiales de Irán, para de esta manera emprender las acciones legales pertinentes para hacerles frente», anticipó Jorramabadi.
Teherán profundizó así sus reacciones contra la Justicia argentina luego de que el juez Rodolfo Canicoba Corral pidiera la detención de ocho ex funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, acusados de haber sido responsables del ataque a la mutual judía en 1994.
Irán ya había reclamado la captura internacional del fiscal Alberto Nisman, autor del dictamen que pide el arresto de los ex funcionarios y del ex juez Juan José Galeano, quien dio curso inicialmente a la pista iraní en la investigación.
El ayatollah Dorri Nayafabadi, fiscal general de Estado de Irán, envió en las últimas horas una carta al fiscal de Teherán, Said Mortazavi, en la que le ordenó que emitiese una orden de captura mediante la Interpol contra Nisman y Galeano.
Jorramabadi agregó que la nueva comisión decidirá «la forma en cómo se llevará a cabo la denuncia contra Alberto Nisman, el fiscal de la AMIA, Juan José Galeano, el juez destituido que instruía el caso y otros de sus cómplices por haber acusado infundadamente y sin pruebas a las autoridades iraníes».
El organismo creado por Teherán ya mantuvo su primera reunión en la que se analizó la situación, aunque otras medidas serán debatidas en próximos encuentros, informó el funcionario a «IRNA».
Precisó que definirá «cómo emprender las acciones necesarias para hacer valer los derechos del pueblo iraní, alzar las demandas por difamación del honor, por desagravio, preservar el honor de las autoridades de la República Islámica de Irán y adoptar un posicionamiento serio por parte del aparato judicial iraní».
A Nisman y a Galeano se los acusa de haber violado el artículo 500 del Código Penal iraní que considera un delito hacer propaganda en contra de la República Islámica de Irán.
Según el artículo quinto de este mismo código, todo extranjero que cometa delito tal fuera de las fronteras de Irán «es perseguible» por la República Islámica.
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