Para evitar la extradición, Otilio Romano pidió asilo político a la oficina de la Acnur en Chile.
El suspendido camarista mendocino y prófugo de la Justicia, Otilio Romano, comenzó a ser juzgado en ausencia de mal desempeño de sus funciones durante la última dictadura militar.
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El juez es sometido a un jury de enjuiciamiento, tras ser procesado en una causa penal como "partícipe primario" en casos de secuestros, torturas, homicidios, robo de bienes, allanamientos ilegales y archivo de una causa por apropiación de una menor.
La audiencia arrancó a las 9 con la lectura del dictamen acusatorio a Romano, quien se fugó a Chile para pedir allí asilo por lo que no ejercerá su derecho a hablar ante el jurado de enjuiciamiento ni designó abogado particular y estará representado por dos defensoras oficiales, Fabiana León y Diana Yofre.
El suspendido integrante de la Cámara Federal de Mendoza "fue cómplice y encubridor del terrorismo de Estado" y prestó "colaboración fundamental a los represores dejando indefensas a las víctimas" de la dictadura, manifestó el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, al inicio del juicio político.
El camarista suspendido tiene pedido de captura internacional por parte del juez mendocino Walter Bento, pero esto no puede hacerse efectivo mientras conserve sus fueros, y si llega a ser destituido dependerá de la decisión que al respecto se tome en Chile.
En total está acusado en el jury por siete cargos relativos a "haber omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo la promoción, persecución y represión de delitos de lesa humanidad".
A raíz de esto se le endilga "haber resultado funcional al plan represivo montado por las Fuerzas Armadas y de seguridad en el marco del terrorismo de Estado durante el período 1975-1983 en la provincia de Mendoza".
Todos los hechos ocurrieron entre 1975 y 1983, cuando se desempeñó como fiscal federal y juez subrogante, respectivamente. Otro cargo por el que está acusado es el archivo sin investigación de la apropiación de Rebeca Manrique.
El expediente por la apropiación fue archivado en 1987 y la joven recuperó su identidad muchos años después, cuando otro magistrado lo reabrió y la identificó como hija biológica de un matrimonio secuestrado en 1977.
En el inicio del proceso también se escucharán algunas testimoniales, entre ellos, de Luz Amanda Faingold Casenave, Silvia Ontiveros y Haydee Fernández, sobre un total de 49 testigos que se escucharán hasta fines de noviembre para dar lugar después a los alegatos y un veredicto a principios de diciembre, donde se resolverá si se destituye o no al juez.
Casenave fue una de las principales testigos en el jury que ya destituyó al excolega de Romano, Luis Miret.
El jury de enjuiciamiento estará integrado por la camarista Civil y Comercial federal María Najurieta, la juez del tribunal oral federal de Tucumán María Noli, los senadores Rolando Bermejo y Ramón Mestre, los diputados Oscar Albrieu, Carlos Ulrich y el abogado Fabián Sahade.
La acusación quedó a cargo del consejero por del Ejecutivo Ordiales y del consejero diputado Carlos Moreno y las audiencias se realizarán en la sede del Consejo de la Magistratura, ubicado en la calle Libertad 731 de la ciudad de Buenos Aires.
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