La decisión final de suspender la reunión que hoy deberían haber mantenido en Colonia con Tabaré Vázquez, la tomó Néstor Kirchner antes de conocer la decisión de la papelera Botnia de suspender sólo por 10 días la construcción de la planta de Fray Bentos. El Presidente aprovechó este último anuncio para blanquear esa decisión, resuelta al conocer el contenido del documento que los dos jefes de Estado deberían haber firmado esta tarde en la localidad uruguaya.
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Para la Argentina, y según la tesis de la Cancillería que maneja Jorge Taiana, la decisión de Botnia de no aceptar la paralización de las obras por 90 días encaja en lo que el gobierno de Tabaré Vázquez quería incluir en el documento final: que los trabajos en las plantas volvieran a la normalidad cuando la comisión bilateral que debía formarse con técnicos de los dos Estados comience sus trabajos; esto es, no más allá de fines de abril. Esto coincide con los 10 días estipulados por la compañía finlandesa, que habría tomado, sospechan en el gobierno de Kirchner, la decisión de imponer ese lapso luego de conocer la intención de los asesores de Vázquez.
Por la tarde, y ya con la decisión de no concurrir a la reunión programada para hoy en Colonia, Kirchner se comunicó con Taiana, que terminó de convencerlo del inevitable fracaso de las negociaciones que venían manteniéndose con Uruguay; visión que separó al Ministerio de Relaciones Exteriores del resto del gabinete.
La reunión presidencial, que originalmente había sido acordada por Vázquez y Kirchner en Chile, donde asistieron a la toma de posesión de su homóloga Michelle Bachelet, se suspendió así por segunda vez en dos semanas. Ambos gobiernos pretendían firmar un documento en el que se incluyeran los impactos ambientales conjuntos de las dos papeleras que se construyen en Uruguay, de la finlandesa Botnia y la española ENCE, en un estudio que se calcula demoraría unos 45 días como piso, según los cálculos argentinos. Sin embargo ayer, en un comunicado, la primera empresa dijo que la paralización sólo sería por 10 días. Al conocer la novedad, desde el gobierno de Vázquez se le habría explicado al argentino que no habría forma jurídica de detener las obras más allá de la voluntad de Botnia y ENCE, con lo que se solicitó un cambio especial en el texto negociado por las partes. En concreto, y tal como adelantó ayer este diario, el gobierno uruguayo quería que las plantas pudieran volver a ingresar en proceso de construcción cuando la comisión bilateral que definiría si existe o no contaminación en el proyecto comience a trabajar. Esto sería, a fines de abril. En el peor de los casos, y según la versión uruguaya, para el lunes 1 de mayo ambas plantas estarían nuevamente en plena construcción, y sólo se detendría la marcha si la comisión bilateral determinara que hay contaminación.
Visión diferente
La visión argentina es diferente. Néstor Kirchner exigía que todas las obras se paralizaran durante 90 días, contando a partir de la fallida firma del acuerdo (hoy al mediodía), con lo cual recién el proyecto volvería a levantarse en agosto, y siempre que la comisión no encontrara problemas de contaminación y hubiera actuado de buena fe.
Había otro problema que Kirchner analizaba a la mañana y que lo impulsaba a no viajar a Colonia. La Cancillería era escéptica sobre el éxito que podría tener el funcionamiento de la comisión bilateral que debería determinar si hay o no contaminación. Como este cuerpo iba a estar formado por uno o dos funcionarios de cada país con poder de voto, se concluía que en el momento de elegir, habría empate entre los enviados de los dos Estados, con lo cual la situación final sería dentro de tres meses la misma que hoy. Con el Ministerio de Relaciones Exteriores recuerdan que hasta enero pasado funcionó una comisión bilateral que luego de nueve reuniones no llegó a ningún acuerdo y donde la votación final fue empatada entre los miembros que aseguraban que habría contaminación (los argentinos) y los que rechazaban la posibilidad (los uruguayos). Para la Cancillería, la nueva comisión, al no poder permitir que votaran los técnicos internacionales que harían el estudio concreto sobre la potencial contaminación de las plantas, terminaría inevitablemente en un fracaso que le haría perder a la Argentina al menos tres meses.
La posición uruguaya sobre el poder real que tendrán los técnicos que no sean nacionales de ninguno de los dos Estados y que trabajarán en la comisión tiene sustento jurídico. Según el derecho internacional, un agente externo no sería soberano para decidir sobre si las plantas deben o no suspender sus obras, tarea que necesariamente debe recaer en personas de nacionalidad argentina o uruguaya. La única manera que un funcionario de cualquier país que no sean estos dos pueda tener voto, sería en un tribunal internacional o en un laudo convocado por las dos partes, como fue el de Juan Pablo II en el conflicto del Beagle entre la Argentina y Chile. Igualmente este fallo no sería vinculante, sino que luego debería ser ratificado por los gobiernos. Esto reduce cualquier decisión de la comisión a los votos de los técnicos o funcionarios que hayan nacido en alguno de los países en conflicto, lo que vuelve todo a la posición inicial: la votación sería empatada y el problema continuaría sin resolverse.
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