Kirchner recupera lo que Menem entregó a Alfonsín

Los partidos opositores o esas entidades de bien público acaso no advirtieron que, desde que llegó al poder, Kirchner está tratando de recuperar lo que Carlos Menem le regaló a Raúl Alfonsín en la casa de Dante Caputo en 1993, a cambio de conseguir la reelección. En esa saga se inscribe la actual operación del Consejo de la Magistratura, que resulta repudiable para los amigos bien pensantes del Presidente.

En efecto, con el actual gobierno el radicalismo perdió el cupo que, tácitamente, se le había concedido en la Corte Suprema. Se alejaron de allí Gustavo Bossert y Augusto Belluscio y entraron jueces que tienen una independencia más indudable respecto de la oposición que del gobierno. La elección directa del intendente quedó neutralizada por la «transversalidad», que convirtió a Aníbal Ibarra en alfil de un gobierno que le era ajeno. El senador por la minoría está a punto de convertirse en una farsa, con peronismos que se disgregan en las elecciones para reencontrarse en las cámaras, tal como se está verificando con la votación de esta misma ley sobre la Magistratura en Diputados. El jefe de Gabinete, concebido originalmente como un primer ministro, quedó convertido en una especie de secretario privado de lujo.

Basta leer el diario de sesiones del Senado para advertir cómo esta tendencia se extiende también de manera deliberada al nuevo formato del Consejo. En efecto, Cristina Fernández de Kirchner fue enfática al vanagloriarse de que su proyecto pretende la politización de esa institución: «En el tema de la administración de Justicia, tienen mucho más peso específico y muchos más intereses que representar y que defender jueces y abogados que legisladores (...). Yo estoy sentada aquí en nombre de más de 3 millones de bonaerenses y quien ocupa el Poder Ejecutivo -éste o cualquier otro- es un ciudadano que se somete a la totalidad del voto del pueblo argentino para ocupar ese lugar del Poder Ejecutivo comprometiéndose, además, a representar los intereses de todos los ciudadanos».

Pero conviene poner la mira en otro protagonista de esta reforma, más discreto pero más decisivo. Es bastante evidente en la discusión que se desarrolló en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta que el autor del proyecto que se tratará esta semana en Diputados fue el actual embajador en México, Jorge Yoma. No sólo la primera dama le cedió la palabra a él cada vez que el oficialismo entró en emergencia para sostener su iniciativa ante los senadores de la oposición. Además, hay una anécdota casi graciosa que prueba el copyright del riojano. El texto original fue redactado en un papel con un membrete que reza: «Poder Judicial de la Nación». Se utilizó la papelería del propio Consejo de la Magistratura, donde Yoma ocupaba una banca. Tanto que cuando el articulado fue remitido al resto de los senadores, la principal asesora de Cristina Kirchner, Valeria Loira, debió disculparse ya que «por un error involuntario se remitió el proyecto con errores de configuración».

Este protagonismo de Yoma hace más valiosa la explicación que él mismo proporcionó a sus colegas en Asuntos Constitucionales, cuando rememoró que el Consejo de la Magistratura que se sancionó en 1998 (cuando él presidía la misma comisión) fue hijo de la « consensitis». El riojano confesó, inesperadamente, que en aquel momento «a cada uno que pasaba por la puerta y pedía ser escuchado se le daba un cargo. Para la búsqueda del consenso se producía la repartija de cargos. Esto es lo que evita este proyecto actual.