Frente a frente, los jueces del tribunal internacional de Justicia de La Haya escucharon ayer los argumentos de los abogados de la Argentina y el Uruguay sobre la instalación de las papeleras contaminantes sobre el río Uruguay, en la frontera de los dos países.
Sin ningún as bajo la manga y con un impecable respeto por lo anticipado, la delegación de expertos argentinos expuso ayer ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya los fundamentos de la demanda contra la instalación de las papeleras en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Fue el primer reclamo oficial de una medida cautelar que suspenda las obras de construcción de las pasteras Botnia y ENCE, por considerar que el daño que ocasionarán al medioambiente y a la salud de los habitantes será grave e «irreparable» en toda la región de influencia de este recurso compartido, pero sobre todo en la población entrerriana de Gualeguaychú. El Palacio de la Paz, sede del alto tribunal donde se desarrollan las audiencias, es un clásico edificio de estilo gótico flamenco que un empresario industrial norteamericano le donó a las Naciones Unidas. Ese estilo se impone también en el protocolo con que se llevan adelante las sesiones, casi una copia de los hábitos de la Justicia inglesa.
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En ese marco, la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, abrió las ponencias -en francés, el mismo idioma utilizado en la redacción de la demanda- y explicó durante casi media hora ante los quince jueces que integran la Corte (que preside una baronesa inglesa secundada por dos latinoamericanos) la «necesidad» y la «urgencia» de dictar esta medida que, de concederse, posibilitaría la realización de un estudio «imparcial» de impacto ambiental de las pasteras europeas sobre el río Uruguay.
Pero, además, Ruiz Cerrutti dejó claro que Uruguay al autorizar unilateralmente la instalación de las «monumentales» pasteras sobre el río Uruguay, violó el Tratado de 1975, destinado a la preservación de este recurso binacional, « pasando por alto el mecanismo de consulta e información previa» que establece cada vez que se produzca una acción que pueda modificar sus aguas y el medioambiente de su región de influencia.
Agravante
Mencionó como agravante que Uruguay no haya tenido en cuenta que las plantas de Botnia, empresa finlandesa, y ENCE, española, están ubicadas a menos de seis kilómetros de distancia una de otra, con una producción que apenas inicien su actividad alcanzará 1,8 millón de toneladas anuales de pasta de celulosa, un número superior al que popularmente se maneja en la Argentina.
En todo momento, los expositores argentinos hicieron referencia a la «deliberada decisión» de Uruguay de «no respetar el tratado» al autorizar «unilateralmente» la instalación de estas industrias sobre el río Uruguay, cuando hay un tratado que lo impide, y lamentaron las «lacónicas» respuestas uruguayas a los pedidos de información por parte de la Argentina.
La representante legal del gobierno de Entre Ríos, Romina Picolotti, segunda expositora en esta audiencia, advirtió -en inglés- a la Corte sobre las enfermedades neurológicas, endocrinológicas, y cancerígenas que pueden provocar estas industrias sobre la población «no sólo de la Argentina sino de Uruguay» y precisó que el daño es acumulativo, por lo que «si estas plantas funcionan durante cuarenta años el daño hay que multiplicarlo por cuarenta».
A su turno, el abogado inglés que integra el equipo argentino, Philip Sand, defendió el derecho argentino «a acudir a la Corte» y reiteró la necesidad y urgencia de que se le conceda a la Argentina una medida cautelar porque «la suspensión de las obras de construcción de las plantas es la única forma posible de tener la posibilidad de evaluar el impacto ambiental que podrían ocasionar» y evitar así los hechos consumados.
Sand también dijo que en su informe el Banco Mundial, organismo internacional que financia la inversión de las pasteras europeas, habla de una « significante» cantidad de contaminación en el proceso de las plantas ENCE y Botnia, y asegura que basado en ese documento «lo que pide la Argentina está justificado» y que el Estatuto del Río Uruguay debe ser « enteramente» aplicado.
Sand, tal como también lo hizo Picolotti, mencionó la posibilidad de que las plantas sean reubicadas en otro lugar que no sea el río Uruguay, que con sus calmas aguas no podría deshacerse de la polución que estas industrias le provocan. Durante el alegato argentino también se habló de la «buena fe» que siempre existió en la relación con Uruguay, que hoy se ve afectada por su incumplimiento al Estatuto elaborado y firmado por ambas naciones y también de la «cooperación» que promulga el Tratado y que siempre caracterizó las relaciones entre ambos países.
Vestimenta
Los abogados extranjeros que hablaron ante la Corte, algunos con peluca y toga tal como lo indica la costumbre del país en el que se desempeñan, coincidieron en que el Tratado del Río Uruguay «es específico» y «no es flexible» y que a la Argentina «la asiste el derecho y la razón» para reclamar una medida provisional que impida un daño irreparable sobre su población, pero también que se respeten los documentos firmados entre ambas naciones, en este caso vecinas y hermanas.
La presentación argentina se extendió durante tres horas, entre las 10 y las 13 (hora holandesa; 5 a 8, hora local) y no se registró ningún encuentro previo entre las partes; ni siquiera entre los dos embajadores en La Haya.
Una vez finalizada la ponencia de la parte demandante, los delegados argentinos de la Cancillería se dirigieron hacia el hotel Crowne Plaza para analizar lo actuado y comenzar a pergeñarla próxima instancia de hoy, que será la de replicar los argumentos uruguayos. En tanto, a tres cuadras del Palacio de la Paz, los abogados del gobierno de Entre Ríos se replegaron en la sede de la embajada argentina, en la calle Javastraat 20 2585 AN Den Haag.
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