Más que inquietante es la posible instalación de una ley, la semana próxima, en la provincia de Buenos Aires, que promueve una reforma procesal penal. Ya logró media sanción en el último momento del año pasado en Diputados (cuando generalmente se apresuran normas esperpénticas como, en el Congreso Nacional, el todavía no aclarado intento de pago al Grupo Greco de más de 587 millones de dólares), y su responsable intelectual (el hoy gobernador Felipe Solá) asegura que este instrumento servirá para: 1) uniformar la aplicación de la ley; y 2) acelerar el funcionamiento de la Justicia.
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Hay algo más de media biblioteca en contra de este proyecto y de ese presunto fundamento, incluyendo la opinión de quien el gobernador supone un especialista (o, al menos, en esa materia trata a los que no comulgan con él de insolventes morales, libre traducción de la bella palabra ligur «ciantapuffi»); es decir, su propio ministro de Seguridad, León Arslanian (aunque para ser justos, hoy ambos podrían ser protagonistas de los programas televisivos de la tarde, ya que la suma de desencuentros los empuja a una inevitable separación).
Opta Solá por suprimir la Casación (ya lo viene planteando este diario desde hace más de tres semanas) como si eso fuera a darles velocidad judicial a los procesos deshaciéndose de un carburador. En rigor, más que alterar un sistema o eliminar tribunales (cuyos integrantes serán premiados con jubilación anticipada y libre ejercicio de la profesión, como si hubieran sido aplicados y útiles empleados públicos), se deberían cambiar los recursos que hoy enrarecen y dilatan los pronunciamientos. Por ejemplo: parece absurdo que tenga el mismo tratamiento (y, por lo tanto, consumo de tiempo) un recurso reclamando una libertad que otro lamentando que un magistrado no haya brindado fotocopias del expediente.
El proyecto provincial, además, se opone a últimas decisiones de la propia Corte Suprema de la Nación, que le ha dado mayor relevancia a la Casación. Nadie sabe qué piensa la Casa Rosada de este proyecto, el cual por otra parte surge a pocos meses de que cambie el gobierno bonaerense. Aunque el gobierno nacional tampoco atiende situaciones más graves en la Justicia y se distrae del absurdo modelo del Consejo de la Magistratura con designación de magistrados subrogantes en todos los fueros, gente con mínima o nula experiencia, que decide sobre cuestiones sustanciales, casi un «toco y me voy» que es de suponer no será aprovechado por indeseables. ¿O sí?
En fin, volviendo al proyecto que esta semana se aprobaría en el Senado bonaerense, hay conclusiones previas alarmantes: 1) la destrucción de la igualdad ante la ley; y 2) hacer desaparecer al juez natural independiente. Con la nueva ley, tal vez exagerando, la tenencia de cocaína (la «Bella Durmiente») en algunos lugares sería penada y, en otros, no; quien asalte con un objeto rudo podría ser acusado por robo agravado, y en otro distrito lo calificarían de simple sustracción; al que cobra el rescate de un secuestro le imputarían ser «coautor» en un lado, y en otro podría ser mero « partícipe». La tortura, inclusive, en algún sitio sería delito aberrante; en otro, lesiones graves. Se multiplican los ejemplos si uno quiere indagar, por no incluir las represalias políticas o periodísticas. La Suprema Corte, a su vez, tampoco podría resolver estas distorsiones: razones de hecho (está atosigada por expedientes, no es un cuerpo especializado) y de Derecho: la nueva ley, por caso, no le abre competencia sobre el tema drogas.
Hasta ahora, ni Daniel Scioli ni Francisco De Narváez -dos de los candidatos a la gobernación de Buenos Aires-han opinado sobre esta reforma. El tema obliga a una mención, a unas líneas críticas o a favor entre tanto despliegue publicitario. Y Felipe Solá, mientras, tal vez debiera revisar lo que algún otro experto que no es Arslanian le ha vendido: finalmente, él es un ingeniero agrónomo con intención de mejorar el tétrico sistema de Justicia en la provincia. Sólo que su proyecto no parece ahora el más atinado y, quizás, será lamentable despedirse con una norma que se conocerá como «ley Solá» si no cumple ni satisface los principios elementales de la Constitución.
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