El gobierno terminó de convertir la aprobación de la polémica reforma del Consejo de la Magistratura en la prueba de fidelidad de los legisladores. Cuestionado por el avance que hace sobre la independencia de la Justicia, ese proyecto lo votarán los diputados el 22 de febrero y, según la conducta que demuestren, se repartirán premios y castigos. Este mensaje lo distribuye el ministro Aníbal Fernández, quien cita a sus ex amigos que quedaron sueltos tras la implosión del duhaldismo para decirles que su pase al kirchnerismo tiene una condición: asegurar que sea ley el nuevo Consejo. Con esa actitud se aclaran las razones del énfasis que le ha dado el gobierno a esta iniciativa hegemónica pero que en realidad le da facultades de manejo que ya tiene sobre la Justicia: quiere convertirla en la casilla de peaje del peronismo que se quedó sin conducción y anda en busca de un lugar bajo el sol.
Las respuestas que obtuvo hasta ahora fueron dispares, tanto como que el gobierno tiene garantizados 10 votos de ex duhaldistas para la Magistratura, otro tercio de ellos sigue en veremos y el resto -mayormente el grupo El General y otros allegados- jura seguir hasta el final militando en el No.
Pero el resultado no parece lo más importante de esas reuniones, sino los argumentos esgrimidos para convencer a los remisos diputados.
Siempre pidiendo reserva de la fuente, algunos de los invitadosal Ministerio del Interior recibieron concienzudas explicaciones sobre la verdadera intención del gobierno para modificar el Consejo de la Magistratura reduciendo sus miembros. Algo parecido a lo que hizo la propia
Cuando se agotaron los argumentos, desenvainó uno más cercano a la ética duhaldista: votar a favor de la reforma en Diputados es otra de las condiciones para ser aceptados en el futuro dentro del Frente para la Victoria, bloque que para algunos bonaerenses se ha convertido en una suerte de Shangrilá donde, creen, vivirán por siempre felices. O por lo menos hasta que llegue el turno de volver a cambiar.
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