El organismo destacó mejoras en la coordinación entre la Justicia, la Cancillería y organismos especializados, aunque marcó obstáculos estructurales que siguen frenando la investigación y sanción de sobornos en el exterior. El relevamiento suma un respaldo relevante al objetivo oficial de avanzar en el ingreso pleno al bloque.
La OCDE reconoció mejoras, pero cuestionó la falta de resultados en cohecho.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció avances concretos de la Argentina en la implementación de la Convención Antisoborno, aunque volvió a poner el foco sobre las debilidades estructurales del sistema judicial y normativo que todavía dificultan la persecución efectiva del cohecho internacional.
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El informe del Grupo de Trabajo sobre Cohecho, difundido tras la evaluación de Fase 4, señaló que el país logró mejorar la articulación entre organismos públicos, reforzar la cooperación internacional y desarrollar una estrategia más proactiva en la investigación de delitos económicos complejos. Entre los puntos valorados aparecen el fortalecimiento de áreas especializadas como la PROCELAC y la DAJUDECO, que incrementaron sus capacidades analíticas y la coordinación con actores judiciales y administrativos.
Sin embargo, el diagnóstico general está lejos de ser complaciente. La OCDE advirtió que persisten barreras profundas para la detección, investigación y sanción del soborno transnacional, con una observación particularmente sensible: la Argentina aún carece de un marco legal integral de protección para denunciantes, tanto en el sector público como en el privado.
Ese punto aparece como una de las principales brechas del sistema. Sin herramientas efectivas para resguardar a quienes reportan hechos de corrupción, la detección temprana de casos sigue dependiendo más de filtraciones, cooperación internacional o derivaciones judiciales que de mecanismos institucionalizados.
La OCDE también puso la lupa sobre los tiempos judiciales. Según el informe, muchos expedientes sufren demoras indebidas, lo que complica la producción de prueba y acerca los casos a los plazos de prescripción.
Uno de los datos más contundentes del reporte es que, a ocho años de la sanción de la Ley de Responsabilidad Empresaria, ninguna persona jurídica fue investigada ni sancionada por cohecho internacional.
Pese a ese cuadro, el organismo destacó un hito: en 2025 se resolvió el primer caso de cohecho internacional contra una persona física en la Argentina, además de registrarse 17 nuevas denuncias desde la evaluación anterior de 2017. Para la OCDE, esos avances muestran que existe capacidad institucional, aunque todavía insuficiente frente a la magnitud del desafío.
Entre las recomendaciones, el Grupo de Trabajo pidió con carácter urgente la adopción de un régimen de protección a denunciantes, la reducción de vacantes judiciales, la implementación plena del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones pendientes y una aceleración sustancial en la resolución de causas.
Desde Cancillería, Pablo Quirno celebró en redes sociales las “grandes noticias para la Argentina” y remarcó que la OCDE reconoció avances concretos en la coordinación interinstitucional y en el uso efectivo de la cooperación internacional. El funcionario enmarcó el reporte dentro de la estrategia de inserción internacional impulsada por Javier Milei y lo vinculó de manera directa con el proceso de adhesión plena al organismo.
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