CIARA-CEC y CARBIO pidieron a los senadores lograr un dictamen que permita avanzar hacia la media sanción. La iniciativa es impulsada por el bloque libertario que lidera Patricia Bullrich.
CIARA-CEC y CARBIO respaldan la Ley de Biocombustibles de Bullrich.
Las industrias del aceite de soja y del biodiésel de soja, nucleadas en CIARA-CEC y CARBIO, ratificaron mediante un comunicado su apoyo al proyecto de Ley de Biocombustibles que impulsan la senadora Patricia Bullrich y el bloque oficialista en el Senado, y pidieron a los legisladores provinciales alcanzar un dictamen la semana próxima.
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Según plantearon las entidades en el comunicado, los cambios que proponen "permitirán promover un mercado transparente donde todas las empresas puedan participar, se puedan generar nuevas oportunidades de inversión y empleo, y se beneficie al consumidor de diésel, especialmente crítico para la producción agropecuaria dado su alto uso".
Las cámaras fueron categóricas al rechazar cualquier intento de separar ambos combustibles en la nueva legislación: "No es viable excluir al biodiésel de la ley y dejar únicamente al bioetanol", sostuvieron.
En el texto, las entidades remarcaron que "la Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja a precios competitivos y un jugador internacional con una gran capacidad industrial instalada en biodiésel que hoy casi no se usa porque no está permitido abastecer al mercado interno".
Al comparar la situación local con la de otros mercados, las cámaras señalaron que los países competidores "tienen cortes superiores que arrancan en el 15%", mientras que "en la Argentina hoy estamos en el 7,5%".
Con ese diagnóstico, CIARA-CEC y CARBIO le pidieron "a los senadores de las provincias que encuentren los consensos necesarios para alcanzar un dictamen el próximo miércoles que lleve a tratamiento para media sanción el nuevo proyecto de Ley de Biocombustibles".
La iniciativa de Bullrich, identificada como S. 809-26, propone un régimen con vigencia de 15 años. Para el biodiésel, fija un corte obligatorio inicial del 7,5% sobre el gasoil, que subiría al 10% a los 12 meses de sancionada la ley. Para el bioetanol, el mínimo pasaría del 12% actual al 15% en el mismo plazo, un punto sobre el que existe mayor consenso entre los distintos sectores.
El biodiésel, en cambio, sigue siendo el punto más discutido: CARBIO y CIARA reclaman un corte de hasta 12,5%, por encima del 10% que contempla el proyecto oficial. Otro de los cambios centrales es el reemplazo del esquema de precios máximos por precios de referencia atados a la paridad de importación.
Además del proyecto de Bullrich, en el Senado también se debaten iniciativas alternativas presentadas por las senadoras Flavia Royón (Salta) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), que también proponen mantener al biodiésel dentro de la ley y hasta ampliar el debate a otras bioenergías, como el biogás y los combustibles sostenibles de aviación.
La discusión, de todos modos, no es lineal puertas adentro del propio sector: una eventual apertura total del mercado podría perjudicar a las plantas de biodiésel de pequeña y mediana escala de provincias como Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, frente a las grandes exportadoras concentradas en Santa Fe.