Roberto
Lavagna y su
compañero de
fórmula,
Gerardo
Morales, ayer
junto a la Villa
31 de Retiro,
en la Capital
Federal, en
donde mostraron
proyecto
de trenes bala
como un
«juguete
caro».
La judicialización de la campaña electoral entró ayer en una nueva etapa: mientras Roberto Lavagna le pedía a Néstor Kirchner que «termine con el proyecto fantasioso del tren bala», su candidato a vicepresidente, el radical jujeño Gerardo Morales, se presentaba ante la Justicia Federal para pedir una medida cautelar, que recayó en el Juzgado N° 12 en lo Contencioso Administrativo Federal, para que el Estado suspenda la licitación de ese tren rápido a Rosario y Córdoba.
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«Le pido al Presidente que se olvide de este proyecto fantasioso. Es un juguete muy caro. Nos sale u$s 3.600 millones. Nosotros le sugerimos con ese mismo dinero hacer hospitales de alta complejidad, viviendas para Rosario y Córdoba e inversiones fuertes en los ferrocarriles urbanos», decía Lavagna durante una presentación que hizo en Retiro frente a la estación del ex Ferrocarril San Martín.
Al aire libre y cerca de la Villa 31, el candidato desplegó una pizarra con la que explicó el costo total de la obra de transporte y, haciendo gala de sus nuevas bromas de campaña, sacó de una caja un «juguetito más barato»: un tren de plástico amarillo con locomotora y vagones con las fotos de Kirchner, su esposa, Julio De Vido, Julio Cobos y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
«Señor Presidente, este juguetito le va a gustar más y nos va a salir a todos los argentinos más barato», dijo.
En la presentación que hizo Morales ante la Justicia, acompañado de Alejandro Nieva, vicepresidente de la Comisión de Transporte de Diputados, se podía leer: «Atento al inicio del procedimiento licitatorio de electrificación integral, obra civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio ferroviario de Alta Velocidad en el corredor BUENOS AIRES - ROSARIO -CORDOBA, línea del Ferrocarril MITRE, que ha sido preadjudicada al CONSORCIO ALSTOM TRANSPORT SA y otras empresas, se solicita al Estado nacional que se abstenga de efectuar la adjudicación y la suscripción del contrato respectivo».
Argumento
La base de esta presentación es el argumento de que el llamado a licitación y la consiguiente preadjudicación efectuada por la Secretaría de Transporte de la Nación violan el artículo 7 de la Ley 13.064 de Obra Pública y pueden ser declarados inconstitucionales.
Entonces, los datos en que se basan para declarar que la obra está fuera de las previsiones de la Ley de Obra Pública fueron:
«El presupuesto oficial estimado se ha establecido en u$s 1.350.000.000, para la variante de Alta Velocidad integral BUENOS AIRES - ROSARIO - CORDOBA, y de u$s 1.100.000.000 para la variante de Alta Velocidad BUENOS AIRES - ROSARIO y Alta Prestación ROSARIO - CORDOBA.»
«No queda claro cuántopagaría el Estado nacionalpor la obra o cómo lo haría.» En realidad, se acusa al gobierno de asumir el costo total de la obra y no el financiamiento de sólo 50% al menos por parte de los particularescomo se anunció.
Una vez firmada el acta de inicio de la obra, el contratante depositará el primer anticipo de pago del monto que se determine en el contrato.Dicen, entonces, que para ser legítimos esos pagos debieron estar precedidos como condición excluyente del crédito presupuestario suficiente. Sin embargo, existe un impedimento legal: falta el crédito presupuestario en el proyecto de Presupuesto nacional presentado días pasados por el Poder Ejecutivo.
En el proyecto de Presupuesto 2008 el gobierno consigna el monto total del proyecto TAVE en $ 11.627 millones (u$s 3.600 millones). Lo que indica que en 2008 se devengarían solamente $ 60 millones en jurisdicción de la Secretaría de Transporte (artículo 11); en 2009, $ 485 millones, 2010, $ 972 millones; y el resto en los siguientes años (más de $ 10.000 millones).
Irracional
Es decir, la obra se incrementó en 1.200 millones de dólares y el financiamiento total pasó a manos del Estado.
«Lo irracional de este proyecto tiene varias aristas: el llamado a licitación original en 2006 fue por u$s 2.400 millones, con financiamiento en mitades entre la concesionaria y el Estado. Hoy estamos con un incremento de u$s 1.200 millones y todo a cargo del Estado, sin condiciones técnicas suficientes», denunció Morales.
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