Los impulsores de la causa sostuvieron que se trató de una maniobra fraudulenta, y cuestionaron el planteo del presunto especialista en criptomonedas.
Mauricio Novelli junto a Javier Milei.
Las querellas del caso $LIBRA rechazaron el planteo del empresario especialista en cripto Mauricio Novelli para expulsarlas del expediente y sostuvieron que la investigación no gira en torno a una inversión fallida, sino a una maniobra fraudulenta orquestada por una organización que incluyó presuntos sobornos, uso de información privilegiada, lavado de activos y tráfico de influencias.
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“Cuando existe soborno de funcionarios públicos, uso de información privilegiada sincronizada en milisegundos, manipulación de algoritmos, triangulación de facturas offshore y posterior vaciamiento de cajas de seguridad bancarias para lavar los activos sustraídos, no estamos debatiendo sobre riesgos de inversión financiera, estamos describiendo una red de crimen organizado”, afirmó el damnificado Martín Romeo en una presentación realizada ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
El escrito firmado por el abogado Nicolás Oszust fue presentado en respuesta al pedido formulado por Novelli, uno de los principales investigados en el expediente, quien solicitó que los querellantes sean apartados de la causa.
Según el planteo de la defensa de Novelli, no existió una estafa porque quienes compraron el token asumieron voluntariamente los riesgos propios del mercado de criptomonedas.
Novelli también había señalado que la publicación que había realizado el presidente de la Nación Javier Milei no constituyó una recomendación de inversión ni incluyó promesas de rentabilidad.
Los damnificados rechazaron de plano esa interpretación. Para Romeo, el engaño consistió en presentar a $LIBRA como “un genuino proyecto privado apoyado institucionalmente por el Estado argentino para financiar startups y pymes argentinas”, cuando en realidad “era una trampa de liquidez preprogramada”.
Las querellas sostienen que el rol de Javier Milei fue determinante para que miles de personas decidieran invertir. Recuerdan que fue el propio Presidente quien difundió públicamente el contrato para adquirir el token y le otorgó una legitimidad que generó confianza entre los inversores. Según remarcan, la promesa de financiar emprendimientos y pequeñas empresas nunca se concretó.
En el expediente actúan cinco querellantes, todos ellos inversores que aseguran haber perdido gran parte de sus ahorros tras el colapso de la criptomoneda. Desde el comienzo de la investigación han impulsado fuertemente el caso.
Advierten que el intento de excluirlos del proceso busca, en los hechos, obtener un sobreseimiento anticipado de los imputados bajo la apariencia de una discusión procesal sobre la legitimación de las víctimas.
Los damnificados recuerdan también que su condición de querellantes ya fue ratificada por distintas instancias judiciales. Tanto la Cámara Federal como la Cámara de Casación y la Corte Suprema avalaron su participación en la causa. Lo mismo había resuelto previamente la jueza Sandra Arroyo Salgado cuando el expediente tramitaba en San Isidro.
Uno de los ahorristas afectados explicó que conocía los riesgos inherentes al mercado de criptoactivos y que tenía experiencia operando con ese tipo de instrumentos. Sin embargo, señaló que la hipótesis investigada excede ampliamente la volatilidad propia de cualquier inversión.
“La hipótesis incorpora factores diferentes: posible manipulación coordinada, acceso anticipado a información, control concentrado del activo, finalidad económica aparente y retiro concertado de la liquidez aportada por los compradores”, sostuvo otra de las querellas, la del dirigente político y social y abogado Juan Grabois, y los letrados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi.
Por su parte, Romeo, representado por el abogado Oszut, afirmó además que la defensa de Novelli intenta “confundir, de manera maliciosa, el riesgo inherente a las inversiones en mercados no regulados con una maniobra de desapoderamiento doloso preprogramada”, conocida en el mundo cripto como “rug pull”.
Según su presentación, el fraude no consistió en una simple inversión que salió mal ni en una fluctuación natural del mercado, sino en “la construcción sostenida de una calidad simulada y una apariencia de empresa a escala estatal”.
En esa línea, sostuvo que los responsables alteraron las reglas del libre mercado mediante “el tráfico de influencias, la infiltración de la CNV, el uso de bots para manipular la liquidez con información privilegiada y la instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza”.
Las querellas también recordaron que ya solicitaron las indagatorias de los principales implicados, entre ellas la del propio Milei.
En ese planteo señalaron que el equipo creador de $LIBRA habría retirado 44,5 millones de dólares gracias al uso de información privilegiada y operaciones automatizadas ejecutadas apenas segundos antes de que Milei publicara el mensaje que impulsó el token.
Además, remarcaron que el mismo fiscal Eduardo Taiano describió una hipótesis según la cual el equipo creador de la criptomoneda realizó ventas masivas que permitieron retirar cerca de 100 millones de dólares, provocando pérdidas para más de 40.000 personas.
“La banda no se limitó a mentir en un folleto; la estructura del Estado Nacional para dotar de una falsa legitimidad a un proyecto de desapoderamiento. Ese lavado de prestigio es el engaño idóneo, material y objetivo”, sostuvo Romeo.
Ahora serán el juez y la fiscalía quienes deberán resolver si hacen lugar al pedido de Novelli para excluir a las víctimas como querellantes en el expediente.