Los mismos actores con otro libreto

¿Dónde está escrito que la Nación tiene algo que enseñarles a las provincias sobre Educación? ¿O al sector privado, o a los padres? Ese neorromanticismo que justifica con la preservación de la «identidad nacional» un botín magnífico en dinero y poder para el gobierno central (y para un sindicato que intenta retomar el poder que tuvo alguna vez) parece el nuevo rostro de las campañas de Domingo Cavallo, que acusaba de la crisis argentina a la indolencia de las provincias. Formas del despotismo ilustrado -otra- que ejerce el gobierno Kirchner sobre tantos terrenos y que acompaña con cierta impericia técnica. Por caso, hizo sancionar una ley que engancha el crecimiento del presupuesto educativo al del PBI. ¿Pueden decirle al público cómo crecerá el producto sin más presupuesto para la Educación?

El gobierno lanzó ayer la tercera panacea educativa que el país ha conocido desde 1983. Antes, con el Congreso Pedagógico del alfonsinato, después con la Ley Federal de Educación del menemismo, el Estado le prometió al público que tendría mejor educación. Ocurrió lo contrario; la gente tiene la percepción de que a sus hijos se los educa entre el «Perro» Santillán y el Sr. Hugo Yasky, exaltado por este gobierno como mandamás de la CTA (central obrera informal que compite con los «gordos» de la CGT). Los sectores medios que pueden llevarlos a las escuelas privadas prefieren esa opción ante la percepción de que el Estado, así como no provee seguridad, justicia ni salud, tampoco puede dar educación.

El proyecto que lanzó el gobierno tiene los mismos objetivos que las otras dos panaceas de la era democrática que tampoco mejoraron el servicio. Ensaya, como le ocurre a la Argentina cada diez años, lo contrario de los gobiernos anteriores, pese a que los sistemas que se intentaron en los 80 (Congreso Pedagógico) y en los 90 (Ley Federal) fueron un modelo de concertación política, algo envidiable para otras cuestiones en las que domina la inquina partidaria.

Escepticismo

Tanta mudanza de un sistema a otro con proyectos en los cuales están implicados los partidos y los pedagogos alimenta más el escepticismo. Radicales, peronistas y pedagogos coincidieron en las consignas del congreso alfonsinista y en la ley menemista, como coinciden ahora en el pergeño que cabalga el mustio Daniel Filmus. ¿Terminará este impulso en otro fracaso, en esa sensación que ha ganado a la sociedad de que la educación es un problema que no tiene remedio y que son los padres quienes, sin otro recurso, deben asumirlo como tarea privada?

Este gobierno ha logrado con este proyecto una movilización admirable que no aplica a otras iniciativas. Sabe, como antes Raúl Alfonsín o Carlos Menem, que el hecho educativo es uno de los pocos que involucra a todos los sectores de la sociedad. Cuando aquel presidente radical llamó al Congreso Pedagógico, lo hizo porque conocía esa naturaleza transversal del hecho educativo. Logró conjugar las pulsiones tradicionalmente laicistas del radicalismo con la corriente clerical que despertó dirigentes en todo el país. La síntesis que se logró satisfizo pacíficamente a todos luego de arduos debates que no olvidaron jamás los protagonistas de entonces.

Algo similar logró la ley Menem que cabalgó el entonces diputado Jorge Rodríguez -un hombre que venía de la ciencia, era genetista, una rareza si se compara ese antecedentecon los de otros que ocuparonesa cartera-. Logró sentara radicales e independientespara hacer votar esa norma que le puso letra a una tendencia internacional de la descentralización de los sistemas educativos.

Alfonsín quería terminar con la herencia recibida de los gobiernos militares, recortada sobre el patrón del clericalismo que dominó los ministerios de Educación desde 1976. La tumba de su gobierno fue un hecho político inolvidable, la famosa Marcha Blanca de docentes que le organizó desde la oposición el peronismo. El alfonsinismo venía de perder la conducción de la CTERA ( federación de gremios educativos) de Wenceslao Arizcurren en manos de la Lista Celeste de Mari Sánchez, estrella del peronismo renovador de aquellos años. Esa manifestación opositora reflejó el momento de mayor fuerza del gremialismo docente en su historia. Fue la cara política de la otra crisis que derrumbó a aquel gobierno, la económica.

Menem percibió que la ola desreguladora de los 90 empujaba hacia la descentralización de los servicios, un modelo eficaz en muchos países que trasladan las decisiones financieras y curriculares a los niveles provinciales y municipales (Estados Unidos es el modelo). Una educación descentralizada implicaba además, para el cálculo político, un sindicato descentralizado y desactivado como para organizar protestas como las que había sufrido su antecesor.

Nostalgias

Con los mismos protagonistas que Alfonsín -los pedagogos línea Flacso, radicales, peronistas y la Iglesia- dedicó varios años a construir la Ley Federal que ahora tambalea. Atacó instituciones como los «grados» escolares e introdujo palabrejas como « polimodal» que por su sola cacofonía las rechazaron padres y maestros. Este gobierno, que hace correr ferrocarriles a pérdida -porque sabe que despiertan la nostalgia del ciudadano de a pie que los identifica con algún progreso pero más con el tiempo pasado que fue mejor-, reflota ahora el «sexto grado» que hace llorar a las madres. Como los trenes.

Menem gozó en el último tramo de su gestión de un sindicalismo pulverizado, contrapartida de un ministerio vaciado de poder y de funciones. Un regalo para un presidente que siempre administró en el tumulto y a contrapelo de la opinión de los sectores medios.

Sobre el final, el riojano cayó en la trampa adonde lo condujo su ministra Susana Decibe. Como el eje de la Ley Federal -el envío de fondos de la Nación a las provincias para habilitar las nuevas modalidades- fracasaba por las tribulaciones financieras que siguieron el efecto Tequila y sus corolarios, a la ministra se le ocurrió la creación del Impuesto Docente a los vehículos.

Era la solución que imaginó para un nuevo round de aquella Marcha Blanca contra Alfonsín, la Carpa Blanca contra los gobernadores que armó el sindicalismo frente al Congreso -allí radican los representantes de las provincias-. Era en los estados donde se incumplía la aplicación de fondos (o faltaban desde Nación o los distraían los gobernadores) y una ley remediaría esa crisis que deterioraba la ley «federal».

Ineficaz como tributo y odioso como concepto, ese impuesto fue el emblema de otro fracaso educativo. Decibe creía que le iba a regalar a Menem la solución de un problema que en realidad no era del gobierno nacional. Equivocó el objetivo y, peor, la solución.

La ley «federal» quedó acuñada, como canta hoy el sindicalista Yasky cuando elogia el proyecto Kirchner, como el mejor ejemplo del modelo «neoliberal», que por fracasada, acentuaba la «exclusión» y el descompromiso de la Nación con un tema central como la educación. ¿Estaba el mal en el modelo? Seguramente que no, pero sin los fondos para pagar esa transición también se perdió esa promesa.

Al asumir la Alianza, levantar esa carpa se convirtió en el primer objetivo de gobierno. Aún hoy, Fernando de la Rúa se lamenta de haberse gastado en el primer mes de su gestión u$s 400 millones en «pagar» el levantamiento de ese símbolo de la protesta que, no olvidar, él mismo había halagado con visitas de campaña. Fue el primer round del desmoronamiento de su gestión.

Con Kirchner reaparece la ilusión de cambiarlo todo. Daniel Filmus -que había sido ministro de Educación de Carlos Grosso en la Capital Federal y después asesor de Jorge Rodríguez en el Ministerio de Educación- se disfrazó de transversal y posnoventa para alentar, con el mismo amor y la misma lluvia, la revisión del pasado que ayudó a construir.

Lo ayudó esa ideología neorromántica que emplea el gobierno para ganar adhesiones cuando cultiva el elogio de la multitud como protagonista de la historia (el Presidente «habla» desde el púlpito con el pueblo, y con nadie más). El proyecto que se presentó ayer, escrito por los mismos asesores que vienen de la ilusión alfonsinista de los 80 y los mismos peronistas, además de los mismos pedagogos, busca prosélitos en que le dará al Ministerio de Educación nacional -hoy un «raviol» en el organigrama del Estado- un rol protagónico. Es decir, más poder para el ministro. También encanta a los sindicalistas, que se cuelgan a la ilusión de pasar de una federación de sellos provinciales a ser el sindicato más grande de la Argentina y ahora con más poder. El sistema nuevo alienta la centralización de los servicios, busca alimentar esa quimera que designa como «identidad nacional» (una antigualla que sólo produce muertos cada vez que se la enarbola). En suma, un sistema en el cual el manejo del dinero y de los proyectos vuelve al palacio Pizzurno (hoy Sarmiento) y al sindicato docente. Un sueño peronista.