El Gobierno de Mauricio Macri reforzó, con un decreto, las medidas para reducir el personal de la administración y convocó a jubilaciones anticipadas por las cuales ofrece una gratificación extraordinaria. La norma se suma a la baja de los 2.300 contratos de empleo público que decidió el Gobierno porteño ni bien asumió, en diciembre pasado.
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Ahora, Macri quiere que todos los empleados que estén en condiciones de jubilarse durante este año ya se retiren de la administración.
Para eso publicó ayer el decreto 232 mediante el cual implementa un incentivo para todo el personal de la administración porteña que esté próximo a jubilarse o ya esté en condiciones de hacerlo o que pueda pasar a ser pasivo hasta el 31 de diciembre de este año.
El Gobierno calcula que son 6.000 las personas en esas condiciones, pero además deben reunir otras.
La gratificación será de hasta veinte sueldos brutos, que se pagarán en cuotas, pero no puede exceder los $40.000. Para eso, la norma determina que una vez el personal sea invitado a jubilarse en forma anticipada, debe responden en 30 días.
El decreto fundamenta que la medida es «a fin de poder asegurar un fomento en las jubilaciones que permita una renovación de la dotación» y establece «un incentivo excepcional transitorio por retiro».
El monto se calculará sobre la base del sueldo bruto normal y habitual percibido por el agente en enero de este año y según la norma, quedan incluidos todos los trabajadoresde la planta permanentedel Gobierno porteño-«que a la fecha del presente hubieran alcanzado los requisitos de ley para obtener cualquier beneficio jubilatorio y quienes los cumplieran hasta el 31 de diciembre de 2008 previa aceptación expresa a la invitación efectuada por la Dirección General Administración de Recursos Humanos en ese sentido».
En cambio no podrán acceder al beneficio los empleados que por tener un régimen especial pasen a cobrar de jubilación 82% de su último salario. Tampoco la medida abarcará a empleados sumariados, con causas judiciales o que recientemente hayan renunciado aún cuando formalmente no les haya sido aceptada la dimisión.
Tampoco tendrán el beneficio los empleados que cuenten con ausencias injustificadas por las cuales se les pueda aplicar la sanción de cesantía o «quienes hubieren iniciado reclamos administrativos, o demandas judiciales» contra la Ciudad.
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