La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso del expresidente Mauricio Macri quien pretendía llegar a la Corte Suprema para anular una pericia a su teléfono y de su mesa judicial en la causa en la que se investiga el hostigamiento al Grupo Indalo.
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La Sala III de Casación rechazó por “inadmisible” un recurso extraordinario interpuesto por Macri y su operador judicial Fabián Rodríguez Simón, alias “Pepín”, quienes se oponían al cruce de sus teléfonos ordenado en su momento por la jueza María Servini.
Se descuenta que el exmandatario dará el último manotazo de ahogado interponiendo una queja ante la Corte Suprema.
Los camaristas Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucci y Eduardo Riggi coincidieron en que se trata de un recurso que no es contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Macri y Simón habían invocado gravedad institucional, lo que no han podido demostrar.
Además los jueces explicaron que “las esforzadas defensas” de los acusados interpusieron un planteo contra una medida de prueba, “ajeno” a la vía extraordinaria intentada.
“No cabe hacer excepción del principio rector evocado porque se haya echado mano a la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, por cuanto, en atención al carácter restrictivo de la admisión de dicha doctrina, para que prospere la impugnación con ese respaldo, es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida, que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual los impugnantes no han conseguido acreditar en autos”, dice el fallo que rechazó los recursos.
En el expediente se investiga una presunta organización delictiva integrada, entre otras personas, por altos funcionarios del anterior gobierno nacional -entre ellos, el ex Presidente Macri-, “quienes se habrían valido del poder estatal y de los recursos públicos a su disposición para llevar a cabo múltiples actos ilícitos en contra de las empresas del “Grupo Indalo”, -en particular, las sociedades que se encargan de administrar medios de comunicación- y de los beneficiarios finales de todas esas compañías, Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa”.
Una de las personas imputadas en la causa es el abogado Rodríguez Simón, a quien se sindica como uno de los actores centrales de la denominada “Mesa Judicial” del anterior gobierno. Particularmente, se le atribuye haber participado en maniobras extorsivas perpetradas en contra de Carlos Fabián De Sousa, Cristóbal Manuel López y los socios de este último.
En la causa, un informe elaborado por la DAJUDECO da cuenta de los registros de llamadas existentes entre Rodríguez Simón y distintas personas -varias de ellas de la más alta relevancia político-institucional de nuestro país-, que tuvieron lugar en períodos de tiempo que se corresponden con los hechos investigados en la causa, entre ellos estaría la figura de Rosenkrantz.
La jueza Servini habia ordenado los entrecruzamientos de llamados entre los imputados para determinar las conexiones en fechas consideradas clave en la investigación sobre la situación de las empresas de López y De Sousa, y como con distintas resoluciones el gobierno de Cambiemos fue acorralando a las empresas del conglomerado empresario y a sus accionistas.
Ante una apelación de Macri, la Cámara Federal porteña ratificó la medida pero le ordenó a la magistrada circunscribirla a hechos concretos de la investigación y no realizarla de manera general.
El 29 de octubre pasado, Servini delimitó "el marco temporal de la medida de prueba dispuesta a los 10 días anteriores y posteriores" a ciertos sucesos. Las defensas volvieron a apelar y alegaron "violaciones al derecho a la intimidad, como asimismo cuestiones de Estado y de seguridad nacional".
En la causa, Servini ya citó a declaración indagatoria a Simón para el 26 de mayo, pero los interrogatorios fueron reprogramados.
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