Un proyecto de ley que resistieron las escuelas católicas será aprobado finalmente hoy para restringir el derecho de admisión de los establecimientos de educación privada incorporados a la enseñanza oficial.
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La norma se acordó después de cuatro años de debate en la Legislatura porteña y aunque el macrismo pudo modificar algunos aspectos del proyecto original, no logró conformar a los sectores de la educación católica, que de todos modos, en esta ocasión no se resistirían a que se apruebe.
La iniciativa la reflotó el kirchnerista Pablo Failde sobre el original que presentó la Defensoría del Pueblo en 2004 y que en 2006 no reunió siquiera los votos para ser tratado. En ese momento se opuso parte del macrismo y la Coalición Cívica.
Modificación
Con una ex funcionaria de la vicaría en la Comisión de Educación, como la diputada Victoria Morales Gorleri, quien trabajó junto a Jorge Bergoglio, el borrador de la norma debió pasar bajo la lupa, especialmente en las cuestiones que tenían más en cuenta al alumno que al establecimiento. Una de las modificaciones que hizo la legisladora macrista fue bajar los castigos para las escuelas que no cumplan con la ley. En principio la pena llegaba hasta quitarle el permiso para funcionar dentro del sistema educativo, pero solo quedó la posibilidad de imponer multas.
La Defensoría había planteado el proyecto después de recibir unas 60 denuncias de padres a cuyos hijos no se les permitió la reinscripción o la matrícula en escuelas privadas, alegando el derecho de admisión. En algunos casos las denuncias aluden a niños con problemas de discapacidad o de desplazamiento. En otros, consideran que por algún motivo la escuela ha tomado una represalia contra el alumno o la familia por distintos motivos. Luego, los padres deben buscar otro establecimiento y con el antecedente del rechazo les resulta difícil encontrarlo.
Si bien los casos que recolectó la Defensoría no fueron todos sobre escuelas católicas, representantes de las instituciones se manifestaron ante los diputados, en contra de una norma que no les permita decidir sobre la aceptación o no de los alumnos. Por cierto la ley deja de lado la norma de 1981 que impuso el derecho de admisión y sólo propone la «obligación de fundar la negativa de matriculación o rematriculación de alumnas/os de escuelas de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial», y considera que la explicación «podrá ser solicitada por el padre, la madre, el responsable a cargo; o en su caso por el alumno mayor de edad».
Uno de los agregados que se le hizo al proyecto es «establecer como obligatorio la firma del Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno cada año».
La ley determina que «los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial en todos sus niveles no podrán negar sin causa la matriculación o la rematriculación a un/a aspirante para el año o ciclo lectivo siguiente».
Además, el responsable del alumno al cual se le rechazara la inscripción « podrá solicitar la fundamentación a la negativa de matriculación, mediante nota, telegrama o carta documento» y le deben responder «en el plazo máximo de 10 días de recibida dicha solicitud».
Esa negativa a rematricular o matricular, además deberá se notificada por medios fehacientes «antes del 31 de octubre del año anterior al ciclo lectivo requerido».
Luego se establece la obligación de dar a conocer el proyecto educativo y el reglamento interno del colegio, que deberá ser firmado por los padres e «implicará un compromiso de aceptación de ambas partes».
Finalmente, en caso de incumplimientola institución puede ser sancionada con un apercibimiento por nota, amonestación pública o en caso de reiteración, con multa de 10 y hasta 50 veces el valor de la cuota promedio mensual, correspondiente al año lectivo en curso.
De ese modo quedó acordado el despacho en la Comisión de Educación que preside Enrique Olivera (Coalición Cívica).
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