No sólo de este lado del continente se vislumbran manejos al menos abusivos en torno a medidas que por ley pueden ser tomadas directamente por el gobierno, aunque merecerían algún trato legislativo. Las medidas tomadas hace ya 21 días por Cristina de Kirchner impulsando una suba de retenciones al sector agropecuario así lo demuestran.
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A varios kilómetros de la plataforma continental, el bosquejo de la nueva Constitución que se prevé esté lista para fines de abril en las islas Malvinas ya derivó en ciertas críticas por parte de consejeros del Legislativo que disienten en un punto explicitado en esa preconstitución, estratégico en la vida económica del archipiélago.
Representantes de ese organismo han salido a rechazar de lleno el hecho de que el gobernador de la isla, Alan Huckle, pueda llegar, a partir de la eventual sanción de la nueva carta magna, a decidir por sí solo sobre el futuro de los recursos minerales de la región, sin previa consulta con el Consejo Legislativo local. Uno de los ocho consejeros que forman parte del cuerpo dirigente de la isla consideró «vital el hecho de que esos temas sean siempre tratados en conjunto y no sólo por parte del gobernador».
Mike Summers agregó además que el ministro británico de Territorios de Altamar, Meg Munn, con el que se está redactando el borrador de esa nueva Constitución, «debe chequear juntamente con nosotros las propuestas de reforma, siempre ateniéndose a las obligaciones que emanan de los derechos humanos».
En medio de la polémica, el jefe ejecutivo de la isla (funcionario que junto al gobernador y al secretario de Finanzas conforman el Consejo Ejecutivo), Tim Thorogood, pidió a los consejeros legislativos que le hicieran llegar las principales debilidades y fortalezas políticas, económicas y sociales por las cuales está hoy atravesando el archipiélago.
Luego de una visita por parte de técnicos legales pertenecientes a la Oficina Británica de Asuntos Extranjeros, el comité elegido para renovar la Constitución elevó un informe a Thorogood en respuesta a su pedido.
Mientras resaltaron la fuerte economía del territorio, la ausencia de la pobreza y un buen sistema de educación, criticaron la pobre calidad de planeamiento financiero. Lo hicieron, claro está, en respuesta a la chance de que el sector que más réditos da, junto con la pesca, sea manipulado a criterio del gobernador, sin previa consulta.
Luego de sancionada en 1985 por primera vez y remendada en 1997, la Constitución malvinense sufrirá su segundo cambio si es que finalmente prospera el bosquejo que será presentado entre los kelpers.
En coincidencia con las medidas kirchneristas de este lado del continente, el gobierno isleño parece también ser resistido por la posibilidad de que se introduzcan cambios en la Constitución que aumenten el poder en un solo cargo.
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